La Corte Suprema de Estados Unidos admitió una apelación del prisionero sentenciado a muerte, Clarence Hill, quien venció en la instancia inmediata inferior mientras esperaba ser ejecutado con la inyección letal con las líneas intravenosas ya colocadas, por considerarse éste un castigo “cruel e inusual”.
"Este es un asombroso y gran acontecimiento que suspende las ejecuciones en Florida y que podría ponerle fin a la muerte por inyección letal en Estados Unidos”, afirmó Abe Bonowitz, director de Floridians for Alternatives to the Death Penalty (Ciudadanos de Florida por Alternativas para la Pena de Muerte - FADP).
El abogado de Hill argumentó que los tres químicos utilizados en la inyección letal que se usa en Florida causan dolor, haciendo que la ejecución sea un “castigo cruel e inusual”.
La Corte Suprema no está considerando la constitucionalidad de la inyección letal de por sí, porque es legal; en vez de ello, lo que se somete a consideración son dos cosas: a) si Hill puede proseguir con su apelación y b) si ésta está cubierta por la ley federal de derechos civiles. Si Hill puede probar uno de estos puntos, entonces la apelación procederá. Entonces, las dos preguntas que la Corte deberá considerar son:
1. Si una queja de un sentenciado a muerte que se acoge a la ley 42 USC Sec. 1983, que busca detener su ejecución porque los químicos usados para la misma no son adecuados; es o no una solicitud de hábeas corpus de acuerdo a la norma 28 USC Sec. 2254; y
2. Si, de acuerdo al precedente de la decisión de la Corte en el caso Nelson, el oponerse a un protocolo específico que el Estado planea utilizar durante un proceso de ejecución, constituye una queja reconocible de acuerdo a la norma 42 USC Sec. 1983.