BRASILIA,
El 27 de septiembre la secretaria especial de Políticas para las Mujeres –cuyo cargo equivale al de un ministro–, Nilceia Freire, entregó a una comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Brasil y permitir su práctica en el área pública sanitaria.
En caso de aprobarse, el proyecto recibido por la Comisión de Seguridad Social y Familia implicaría una "enmienda supresiva" al Código Penal brasileño, que retiraría las referencias al aborto como crimen, aprobándolo en todos los casos.
Según el proyecto elaborado por una comisión tripartita, el embarazo puede ser interrumpido hasta la décimo segunda semana de gestación. En caso de “violencia sexual”, se estipula un plazo de 20 semanas.
El embarazo "podrá ser interrumpido además en cualquier momento en caso de riesgo de vida para la mujer, una anomalía encefálica grave en el feto o en caso de incompatibilidad con la vida", manifestó complacida Gilberta Soares, dirigente de las Jornadas por los Derechos al Aborto Seguro (JDAS), un colectivo de organizaciones feministas.
Actualmente, el aborto en Brasil está autorizado sólo para casos de peligro de muerte para la madre o violación. En este último caso, las mujeres no tienen obligación de presentar una denuncia policial para beneficiarse de la intervención médica, según una norma promulgada en marzo por el gobierno del presidente Lula da Silva.
Por su parte, el Secretario General de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB), Mons. Odilio Scherer, manifestó la decepción que causó este hecho, ocurrido después que Lula dirigiera una carta al Presidente de la CNBB, prometiendo que durante su gobierno no se aprobaría ninguna ley que atente contra la vida humana, cualquiera que sea la fase en que se encuentre.