LONDRES,
El Departamento de Sanidad inglés avaló la actitud del Servicio Británico de Recomendaciones sobre el Embarazo, que propone a las mujeres que desean abortar pasadas las 24 semanas de gestación hacerlo en España, aunque se trate de un procedimiento ilegal en el país ibérico.
El escándalo se desató el año pasado, cuando el Sunday Telegraph reveló que dicha entidad inglesa enviaba a las mujeres a abortar a la clínica Ginemedex de Barcelona, sin tener en cuenta las restricciones propias de la legislación española.
En España el aborto está permitido dentro de las primeras doce semanas si es por caso de violación y hasta la semana 22 si el niño presenta malformaciones; también está permitido si existe peligro para la salud física o psíquica de la madre. Todas estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta por el Servicio Británico de Recomendaciones sobre el Embarazo al momento de derivar a las gestantes a la clínica española.
“El Departamento de Sanidad no tiene razón para dudar de que el Servicio Británico de Recomendaciones sobre el Embarazo ofrece un servicio sobre aborto que es bueno, seguro y legal, y no existen, por tanto, razones por las que no deba continuar ofreciendo este servicio a mujeres”, afirmó la secretaria de Estado del Reino Unido de Salud Pública, Carolina Flint. El informe que siguió al escándalo fue realizado por el propio Gobierno inglés, que destina anualmente 18 millones de euros a esta entidad.
Ante esto, la representante de ProLife Alliance, Julia Millington, se preguntó cómo un país como Inglaterra “puede confiar la salud de las mujeres a una organización de estas características”.
A través de un comunicado, la organización pro vida criticó al Departamento de Sanidad por no mencionar “que los abortos en una fase tan tardía del embarazo son ilegales en España”. Recuerda que ello “fue la base del escándalo original y lo que abrió la investigación”, sin embargo, indicó, de ello “no se ha hablado”.