MADRID,
El catedrático de Derecho de la Universidad Complutense, Rafael Navarro-Valls, cuestionó la oposición del Gobierno a que los funcionarios ejerzan su derecho a la objeción de conciencia ante el “matrimonio” homosexual y aseguró que éste es un “derecho constitucional” que los jueces podrían plantear también para la adopción de menores.
Navarro-Valls aseguró al periódico La Razón que la objeción de conciencia no es una “ilegalidad más o menos consentida”, sino un derecho fundamental que goza de una presunción de legitimidad jurídica.
Según el especialista, autor del libro “Las objeciones de conciencia en el Derecho Comparado y en el Derecho español”, “la objeción de conciencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo tiene todas las características que exige la jurisprudencia internacional”.
Para el catedrático, no es necesaria la existencia de una ley que autorice la objeción de conciencia para poder plantearla. Recordó que el Tribunal Constitucional ha observado en referencia al aborto que “la objeción de conciencia existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. Forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en la Constitución”. Asimismo, se refirió a la aceptación del Tribunal Supremo de la objeción de conciencia por parte de los farmacéuticos respecto al expendio de la “píldora del día después”.
Cuestionado sobre el “empecinamiento” del Gobierno de no permitir a los funcionarios públicos esta medida constitucional, el experto apuntó que “es curioso que el Gobierno socialista se oponga a esta objeción cuando fue el PSOE el que más animó a los objetores a ‘dinamitar’ la ley del servicio militar obligatorio”. “Es evidente que, por idéntica razón, un juez o un alcalde pueden plantear la objeción de conciencia”, añadió.
“Objeciones de legalidad”