SAO PAULO,
En una extensa y enérgica carta, el Obispo emérito de Jundiaí, Monseñor Amaury Castanho, llamó la atención de los dirigentes gubernamentales brasileños recordándoles su deber constitucional de respetar el derecho a la vida humana de todos en el Brasil.
Para ser “más explícito –señaló Mons. Castanho– respetar el derecho a la vida de los no nacidos; de los que fueron concebidos en el vientre de sus madres condenados no a nacer, sino a morir porque son abortados”.
En la carta, el Obispo hace una retrospectiva en la historia de los gobiernos de las últimas décadas, y explica cómo “se inició el triste proceso de agresión a la vida en el Brasil”, por el cual se muestra el modo en que sistemáticamente a través de recientes leyes y decretos, se han incumplido artículos de la propia Constitución Federal, inclusive la vigente, que defienden bajo toda circunstancia la vida humana, y que “incluyen, ciertamente, a los no nacidos, ampliándose con toda certeza a los deficientes físicos o mentales, a los ancianos, estén o no en la fase final de sus vidas. Así, tanto el aborto, cuanto la eugenesia y los moribundos tienen derechos líquidos a cierto respeto por sus vidas, desde la concepción hasta la muerte, inclusive de los no nacidos”, agregó Mons. Castaño.
“A tal derecho fundamental e inalienable, –continúa el Obispo– fuente de todos los demás derechos de la persona humana, agreden los Decretos con “Normas Técnicas” del aborto, la más conocida se llama “Prevención y Tratamiento a los agravios resultantes de la violencia sexual contra mujeres y adolescentes”, y la segunda trata de la “Gestación de alto riesgo”. En ellas son instruidos los hospitales de la red de salud pública a realizar abortos de niños de hasta 20 semanas de concebidos en una supuesta violación y, peor aún, la segunda extiende el aborto de niños de hasta 28 semanas en los casos en que se dice que el “aborto es necesario para salvar la vida de la gestante”.
Lo peor, según el Prelado, “está en la nueva “Norma Técnica de Atención Humanizada al Aborto” del actual Gobierno, que ya no hace distinción entre aborto espontáneo, voluntario o provocado; y acentúa la impunidad de este crimen prohibiendo a los médicos informarlo a las autoridades oficiales”. El texto da la Norma a la que se refiere el obispo, aclara que “la mujer no está obligada a registrar queja en la Policía”, debiendo el “médico atenderla de la misma manera, no pudiendo ser castigado por el mismo, inclusive demostrándose que el embarazo no haya sido resultado de violencia sexual”. El único documento que era exigido por la Norma Técnica anterior era la denuncia policial de la violación. Ahora es suficiente que la mujer embarazada diga o invente haber sido violada y los médicos de los hospitales de la red pública deben efectuar el aborto sin dar mayor explicación a nadie.
“La situación va a ponerse más dramática e inmoral –indicó el Obispo– ahora que la Secretaria de Salud, declaradamente abortista y debidamente autorizada por el Ministro de Salud, acaba de constituir la Comisión para estudiar nuevos casos de despenalización del crimen de aborto, como el de los anancéfalos. Urge, pues, hacer eco de las sabias, recientes y oportunas declaraciones en defensa de la vida de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)”.