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Por Daniel Payne
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) está demandando a la administración Trump por lo que considera una suspensión ilegal de fondos para programas de refugiados en el país.
Al asumir el cargo el enero, el presidente Donald Trump emitió amplias órdenes ejecutivas que, entre otras medidas, ordenaban congelar fondos y subvenciones de asistencia extranjera, con la intención de erradicar las iniciativas de izquierda en los programas financiados por el gobierno federal.
Las órdenes han dado lugar a una serie de impugnaciones legales por parte de defensores y grupos sin fines de lucro que argumentan que la congelación de fondos es ilegal. Otros grupos como Catholic Charities han instado a la administración Trump a reconsiderar la congelación, citando la "atención crucial" que la financiación ayuda a proporcionar.
En su demanda, presentada el 18 de febrero en el tribunal de distrito de Estados Unidos en Washington DC, la USCCB señala que ha trabajado con la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos durante “casi medio siglo” para ayudar con el reasentamiento de refugiados en el país.
La oficina de refugiados ha comprometido “alrededor de 65 millones de dólares en fondos federales” para la USCCB y sus afiliados para servicios de refugiados, dicen los obispos en su demanda.
Sin embargo, el 24 de enero, el Departamento de Estado suspendió la financiación “sin previo aviso”. Los obispos recibieron una “carta superficial de dos páginas” en la que se les informaba de la suspensión.