CARACAS,
Durante la apertura del Encuentro Continental "Nuevos Desafíos de los Derechos Humanos", Mons. Roberto Lückert León, Obispo de Coro y Presidente de Cáritas Venezuela, señaló que la defensa de los derechos humanos por parte de la Iglesia se diferencia de otras organizaciones en que los católicos se basa en la doctrina social de la Iglesia.
El Prelado señaló durante el discurso inaugural que “en su largo y arduo quehacer, Cáritas de Venezuela ha encontrado un socio cercano entre las problemáticas que atiende y la temática de Derechos Humanos”.
El Obispo explicó al respecto que “el concepto de derechos humanos ha ampliado la noción de la ciudadanía, evolucionando desde un ámbito estrictamente jurídico o normativo, hasta incluir derechos de carácter social y ambiental, que enuncian acceso al bienestar y desarrollo sostenible”.
Mons. Lückert advirtió sin embargo que “las familias y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad carecen de capital humano, social y político. Por ende, no tienen voz. Esta falta de espacios para elevar sus inquietudes, para ser escuchados y para incidir en la toma de decisiones, es causa que limita su acceso a la vida democrática nacional y por ende, su capacidad para el ejercicio de derechos políticos, sociales, económicos, civiles y culturales”.
Estos grupo de familias más pobres, explicó el Presidente de Cáritas Venezuela, “no pueden movilizarse ni están organizados para exigir cambios en su favor; no tienen la posibilidad de incidir en la formulación de las políticas públicas que les afectan; sus prioridades con frecuencia no son atendidas en la elaboración de los programas públicos”.
“Vista la pobreza y la exclusión desde el marco de derechos humanos –continuó el Prelado-, es necesario tener en mente la importancia de avanzar hacia condiciones que les permita a todas las personas superar aquellos escollos que discriminan o impiden el acceso a los servicios básicos”. Por eso “las prestaciones, incentivos, servicios o transferencias económicas que Cáritas y otras organizaciones de la Iglesia, realizamos en favor de estas personas, deben entenderse como un esfuerzo por restituir para ellas su capacidad de ejercicio de derechos humanos fundamentales” y no como “una dádiva graciosa de nuestras instituciones”.