Es posible que el New York Times haya tropezado accidentalmente con la verdad sobre la santidad de la vida esta semana.
En un artículo titulado Mujeres indocumentadas preguntan: ¿Mi hijo no nacido será ciudadano?, la corresponsal nacional de inmigración del Times, Miriam Jordan, analiza la decisión del presidente Donald Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento desde el punto de vista del no nacido. Y la lógica que sigue el artículo lleva involuntariamente al lector a una conclusión que tal vez no haya pretendido: que los niños no nacidos merecen protección legal, al menos en lo que respecta a la ciudadanía estadounidense.
La historia narra las experiencias de dos primas inmigrantes indocumentadas, Andrea Chávez y María Calderas, ambas de Maryland. Chávez, que llegó a Estados Unidos ilegalmente hace 20 años, dio a luz a una niña el año pasado, antes de que Trump emitiera una orden que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento. Su hija recibió un número de Seguro Social en cuestión de días, lo que consolidó su condición de ciudadana legal de Estados Unidos.
Calderas, originaria de Guatemala, ya lleva unos meses de embarazo y, si Dios quiere, dará a luz tras la orden ejecutiva de Trump, lo que significa que a su hijo no se le concederá la ciudadanía legal. Según la orden, los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 de padres que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
No está claro si la orden de Trump que revoca la ciudadanía por nacimiento se sostendrá en los tribunales. Los expertos creen que la orden será impugnada y probablemente terminará ante la Corte Suprema. Lo que está en tela de juicio es la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Los defensores de la derogación sostienen que la ciudadanía por nacimiento actúa como un imán para la migración, mientras que los opositores creen que la derogación amenazará la dignidad humana de niños inocentes y creará una subclase de niños “apátridas”.
La Iglesia Católica se opone a la revocación de la ciudadanía por derecho de nacimiento porque, según el sitio web de la USCCB, “dejaría a niños inocentes sin patria, privándolos de la capacidad de prosperar en sus comunidades y alcanzar su máximo potencial”.