Al día siguiente –con 34 semanas de gestación, 12 más que las 22 dispuestas por la ley para permitir el aborto por malformación fetal- volvió a acudir a la Merced y esta vez sí fue atendida por el doctor Zayas quien, a la luz de la ecografía del médico privado, detectó un quiste de 66 milímetros, e hizo un diagnóstico de eventual corioangioma (tumor de la placenta). El 21 de enero, Zayas insistió en su diagnóstico tras hacer otra ecografía a la madre.

El 16 de febrero, Díaz Roldán dio a luz un niño con malformaciones. En junio de 2002 denunció al director y a todo el equipo de ginecología del hospital.

A pesar de la demanda de la concejala, la investigación sólo se dirigió contra Zayas y el doctor Guillermo Pradas, "curiosamente" los dos únicos médicos objetores de conciencia del centro. Pradas se prejubiló, paralizando así la actividad inspectora.

El SAS dictaminó que hubo error en el diagnóstico y negligencia por no haber remitido a la paciente a un centro con mejores recursos, sancionando curiosamente al doctor Zayas.

Una madre abortista

Según reseña el economista y periodista Luis Losada, “el dictamen de Zayas fue de un eventual corioangioma, que en cualquier caso habría tenido el mismo seguimiento ginecológico que el mielomeningocele, que efectivamente padecía el hijo de su paciente”. Y si no acertó en el diagnóstico, continúa Losada, fue debido a la precariedad del instrumental disponible y a la saturación sanitaria.

“La concejala esperaba que el doctor Zayas hiciera un fraude de ley bastante habitual: ofrecer el aborto por la vía terapéutica, sin plazo legal. Es decir, simular peligro para la integridad física o psíquica de la madre”, señala el periodista.

“O quizás esperaba que le cayeran seis mil euros como a la mujer cordobesa que abortó tarde por el ‘coladero’ del aborto mal llamado terapéutico, porque los médicos no detectaron una malformación que hacía inviable al feto. Se entendió entonces que se le había producido a la madre un ‘daño moral’”, reseña Losada.