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Un grupo de trabajo vinculado a las Naciones Unidas ha exhortado a los gobiernos a limitar la objeción de conciencia al aborto entre el personal médico y los hospitales, incluidos los religiosos.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, integrado por cinco académicas y activistas feministas de diferentes países, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2010 para promover “las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a las mujeres”.
En un reciente informe, esta entidad de la ONU indica que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todos los hospitales realicen abortos, según informó la organización C-Fam, Centro para la Familia y Derechos Humanos.
Además, califican la objeción de conciencia institucional de “inadmisible” y la consideran una “violación de los derechos humanos”.
Afirman que la objeción de conciencia debe estar “estrictamente” definida y limitarse exclusivamente a personas físicas. En este sentido, el grupo insta a los estados a “prevenir y reformar leyes que amplíen en exceso la objeción de conciencia y que permitan que creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de atención sanitaria”.
También exigen que los hospitales dispongan de personal dispuesto a realizar abortos, incluidos los enfermeros y personal auxiliar. Esto fomentaría la discriminación hacia los profesionales que adoptan posturas provida.