Corte Constitucional impone criterios sobre “niñez trans” en el sistema educativo ecuatoriano

El caso que dio origen a esta sentencia inició en 2017, cuando una familia extranjera inscribió a su hijo de 5 años en una escuela de la costa ecuatoriana. Los padres solicitaron que se reconociera la “identidad de género” del menor, quien se identificaba como niña, exigiendo que fuera tratado como tal, que pudiera usar uniforme, baños y camerinos femeninos, y participar en actividades deportivas destinadas a niñas. Ante la negativa de las autoridades escolares, se presentó una denuncia por discriminación y violencia psicológica, que escaló hasta la Corte Constitucional.

La Corte aceptó la demanda, argumentando que la obligación de no discriminar por “identidad de género” incluye apoyar los procesos de transición de menores desde el entorno educativo. La sentencia también introduce definiciones de terminología LGBTI, como “expresión de género”, “persona transgénero” y “queer”.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. Dos jueces emitieron un voto salvado (que disiente de la mayoría), en el que criticaron la postura de la mayoría. “Es inaceptable que el máximo órgano de justicia constitucional asuma los postulados morales que cimentan la ideología de género, como lo ha hecho la sentencia de mayoría”, afirmaron.

Organizaciones como Dignidad y Derecho han expresado preocupación por los alcances de este fallo. En un comunicado enviado a ACI Prensa, señalan que, aunque la Constitución ecuatoriana protege la no discriminación y la seguridad de los menores, “la Corte desconoció la falta de evidencia científica y de consenso internacional sobre las transiciones de género en menores de edad”.

También citó ejemplos de países como Holanda, Reino Unido y Chile, donde se han registrado complicaciones físicas, psicológicas y éticas al permitir decisiones de esta índole en niños.

El fallo también coincide con otros casos que generan debate sobre la “niñez trans” en Ecuador. Uno de ellos es el proceso 1313-19-JP, actualmente en discusión en la Corte, donde los padres de un menor de 9 años demandaron al Registro Civil por negar el cambio de sexo en la cédula del niño.

Dignidad y Derecho advierte que “estos casos generan un precedente grave que expone la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de su identidad sexual”. Asimismo, “impone arbitrariamente la obligación de la sociedad de aceptar y promover situaciones de cambio de género de menores de edad”.