El grupo activista que lideró el impulso para legalizar la ayuda médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) en Canadá ahora advierte que se necesitan garantías gubernamentales adicionales para combatir los informes de abusos del programa.
Liz Hughes, directora ejecutiva de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA, por sus siglas en inglés), dijo al National Post que la organización ha tomado “conocimiento de informes preocupantes sobre personas a las que se les ofrece MAID en circunstancias que pueden no calificar legalmente, así como sobre personas que acceden a MAID como resultado de circunstancias sociales intolerables”.
La BCCLA fue una figura clave en la legalización de la eutanasia en Canadá, habiendo presentado la demanda Carter v. Canadá que llevó a que la Corte Suprema de Canadá anulara la prohibición gubernamental del procedimiento.
En los casi nueve años transcurridos desde que la eutanasia se legalizó en Canadá en 2016, la práctica se ha vuelto cada vez más popular. Las últimas cifras del gobierno, publicadas este mes, mostraron otro aumento interanual de dos dígitos en el procedimiento, con 15.343 ciudadanos canadienses eutanasiados por funcionarios médicos en 2023, lo que representa 1 de cada 20 muertes en ese país.
Sin embargo, un informe explosivo reveló en noviembre que de cientos de violaciones a la controvertida ley de eutanasia del país a lo largo de varios años, ninguna de ellas ha sido denunciada a las autoridades, y los informantes advirtieron en el reportaje sobre numerosos “problemas de cumplimiento”.
Hughes dijo al National Post que los gobiernos federal y provinciales del país “deben implementar, revisar activamente y hacer cumplir las salvaguardas apropiadas para garantizar que las personas tomen esta decisión libremente”.