El Equipo “No a la trata” de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina se pronunció en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de suprimir el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
Mediante un comunicado, la entidad que lucha contra el delito de la trata de personas, repudió la medida tomada por el gobierno del Presidente Javier Milei, y difundida días atrás mediante el boletín oficial.
Entre los argumentos para defender el Fondo de Asistencia, desde el Equipo No a la Trata mencionan que “no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado".
Con su “más profunda preocupación”, detallan que el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas “es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y del lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”.
Según el Decreto 1048/2024 publicado por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial del 26 de noviembre, la disolución de este Fondo —-junto con otros cuatro— se fundamenta en una auditoría que puso en evidencia “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo”.
De este modo, el decreto del gobierno nacional elimina una “ley democrática que representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”, señalan desde la entidad eclesial.