La Conferencia Episcopal de Chile, a través del Área de Educación, solicitó que no entre en vigencia el Decreto N°115 emitido en septiembre por el gobierno de Gabriel Boric, que introduce cambios en la enseñanza de religión en las escuelas del país, cuya legislación vigente data de 1983.
La solicitud formal fue presentada ante la Contraloría General de la República, argumentando que este decreto afecta la autonomía de las confesiones religiosas y su capacidad para determinar quién está habilitado para ejercer la docencia religiosa.
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al juzgar el caso “Pavez Pavez vs. Chile”, dictaminó que el Estado chileno debía ajustar su normativa para garantizar recursos efectivos en casos de disputas sobre la idoneidad de docentes de religión en establecimientos públicos.
El caso “Pavez Pavez vs. Chile” surgió a causa de la demanda de una ex religiosa que se desempeñaba como profesora de religión en un colegio financiado por el Estado chileno, al tiempo que mantenía una relación pública de pareja con otra mujer. Al enterarse la Diócesis de San Bernardo, decidió revocarle el certificado de idoneidad para ejercer la enseñanza religiosa.
La docente presentó un recurso por considerar que la decisión de la Vicaría había sido arbitraria e ilegal, que fue rechazado por la Corte Suprema.
Sin embargo, la Corte IDH declaró en 2022 la responsabilidad internacional del Estado de Chile “por la violación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo”.