El Vaticano publica la sentencia sobre el Cardenal Becciu y permite que se tramite la apelación

Describe la venta del edificio en la Sloane Avenue de Londres como una “operación extremadamente arriesgada, incompatible con la actitud siempre obediente y prudente del inversor”.

Pero, sobre todo, destaca el delito de malversación, que, según la ley vaticana, es el “uso ilícito” del dinero, independientemente de que haya habido o no lucro.

El Cardenal Becciu siempre insistió en que no existían pruebas de que se hubiera beneficiado de la operación, pero el tribunal consideró que su autorización para invertir en un fondo propiedad de Mincione, y que se utilizó en parte para adquirir una participación en la propiedad de Sloane Avenue, “ciertamente constituye un ‘uso ilícito’ de esos bienes públicos eclesiásticos que el entonces Sustituto Becciu tenía disponibles debido a su cargo”. Añadió que también era “muy consciente” de los “límites legales” del uso de esos fondos.

La sentencia afirma que el delito fue “el deseo de utilizar los bienes en conflicto con los intereses” de la Santa Sede. “Ciertamente, no se puede negar —añade— que el uso ilícito de los bienes de la Iglesia resultó en una ventaja evidente y significativa para Mincione y sus asociados como consecuencia directa de la conducta ilícita llevada a cabo” por el cardenal Becciu, “por lo que no importa que no tuviera la intención de actuar con fines de lucro, ni que no obtuviera ninguna ventaja”.

El tribunal también determinó que ni el ex Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone, ni el actual Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, estuvieron involucrados en el asunto, ni lo autorizaron.

El Cardenal Becciu también fue condenado por malversación de fondos por organizar la transferencia de 125.000 euros de fondos del Vaticano a una cuenta controlada por su hermano, Antonio Becciu, que dirige una organización benéfica católica llamada Spes Cooperative en Cerdeña. Durante el juicio, el cardenal admitió haber transferido los fondos a la cuenta personal de su hermano e insistió en que la práctica era legal.

La sentencia señala que no importan ni los fines de la obra de caridad ni el hecho de que el dinero no se haya gastado en la práctica, porque “el tema central sigue siendo uno solo: la ilegalidad de la donación, en particular la realizada a los familiares”. Los bienes y fondos de la Iglesia no pueden ser entregados a los familiares “sin un permiso especial dado por escrito por la autoridad competente”.

El tribunal también declaró culpable al cardenal de no haberse distanciado de Marogna, una experta en geopolítica que, gracias a la intermediación del Cardenal Becciu, recibió más de medio millón de euros para liberar a una monja secuestrada en Malí. Marogna luego gastó esos fondos en artículos de lujo.

“A pesar de la plena conciencia de la absoluta gravedad de los hechos”, el Cardenal Becciu “no se distanció de Marogna ni siquiera en las declaraciones hechas como acusado, en las que continuó apoyando la profesionalidad y la fiabilidad de la mujer sin abordar nunca la cuestión del dinero que gastó”, se lee en la sentencia. El Vaticano condenó a Marogna a tres años y nueve meses de prisión.

A pesar de las críticas de que las audiencias, que comenzaron en julio de 2021 y concluyeron en diciembre de 2023, se llevaron a cabo de manera injusta, la sentencia afirma que “siempre se han respetado los principios del debido proceso”. El sistema legal del Vaticano, afirma, “reconoce el principio de un juicio justo” y que este “no se pone en duda”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.