La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) se manifestó en contra de una iniciativa legislativa que propone obligar a sacerdotes a “revelar la información confiada por un penitente” en casos de delitos sexuales contra menores de edad y personas con discapacidad.
El proyecto fue presentado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, jefe de fracción de Frente Amplio —partido político que se identifica doctrinalmente como de izquierda, progresista y feminista, entre otros principios— y miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
¿Qué dice la propuesta?
Se ha propuesto añadir un inciso al artículo 106 del Código Procesal Penal de Costa Rica para que toda persona con posición clerical o de poder que haya “facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito”, responda económicamente ante la víctima.
También busca modificar el artículo 206. De aprobarse, se reconocería que los ministros religiosos, personal médico, abogados, notarios, funcionarios públicos, entre otros, pueden “abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento”. Sin embargo, el proyecto plantea que estas personas no puedan “negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto”.
Esto permitiría que, con el consentimiento de la víctima, se pueda citar a la persona a quien se le confió el secreto, que podría ser un sacerdote católico.