23 de noviembre de 2024 Donar
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Informe del Vaticano revela barreras y retos para la prevención de abusos en la Iglesia Católica

Plaza San Pedro del Vaticano. (Imagen referencial)./ Crédito: Vatican Media

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, establecida por el Papa Francisco con el fin de defender la dignidad de los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia, ha publicado su primer informe anual.

El Papa Francisco instituyó esta comisión en marzo de 2014 como consecuencia de los “dolorosos hechos” de abusos sexuales que han impuesto “un profundo examen de conciencia por parte de la Iglesia”.

Con la petición de perdón a las víctimas y a la sociedad por el mal causado, estos hechos condujeron, según al Pontífice, “a iniciar con firmeza iniciativas de varios tipos con la intención de reparar el daño, hacer justicia y prevenir, con todos los medios posibles que se repitan episodios similares en el futuro”.

El Santo Padre impulsó esta comisión “con el objetivo de promover iniciativas adecuadas para la protección de menores y de adultos vulnerables”, así como incentivar, junto con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, “la responsabilidad de las Iglesias para su protección”.

La finalidad del informe, publicado este 29 de octubre y que representa la fusión de los aprendizajes a lo largo de los primeros diez años, es informar al Santo Padre, a las víctimas, y a toda la Iglesia “los hallazgos y recomendaciones necesarias”, así como promover “la transformación de la Iglesia” mediante criterios y directrices claras.

Para impulsar estas iniciativas, el informe se ha basado en cuatro  pilares fundamentales: “Conversión que nos aleja del mal, verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición”.

Los “hallazgos” de la comisión

Como resultado de lo que definen como un “análisis sistemático de carácter sinodal”, el informe presenta diferentes “hallazgos”. 

En primer lugar, destaca la necesidad de mejorar los procesos canónicos de recepción y seguimiento de las denuncias, así como aplicar el concepto de vulnerabilidad a las disposiciones actuales de la Iglesia y asegurar una gestión eficaz de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede.

También pretenden alcanzar un proceso simplificado, el desarrollo del Magisterio de la Iglesia sobre esta protección, apoyar a las víctimas en su sanación con políticas de daños y compensaciones e impulsar la profesionalidad de quienes se dedican a ello. 

La comisión revisa entre 15 y 20 iglesias locales cada año. Durante este proceso, los obispos y superiores religiosos intercambian con la comisión una serie de datos que son presentados más adelante durante las visitas ad limina

En el informe publicado hoy, se informa en detalle acerca de los resultados de las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, Bélgica o Camerún, entre otros. Asimismo, incluye el análisis de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo. 

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Desafíos a nivel global en materia de abusos

Aunque los resultados en el seno de las Iglesia locales son muy diversos dependiendo del contexto, el informe señala una “preocupante falta de estructura de denuncia y de servicios de atención a las víctimas” que aún no hay en algunos países, según exige el Motu Proprio Vos estis lux Mundi (Vosotros sois la luz del mundo).

Los autores del informe abogan asimismo por crear una “verdadera cultura” de protección de los menores y promueven una “solidaridad entre las conferencias episcopales”. Remarcan también la necesidad de fomentar esta cooperación especialmente en Hispanoamérica, el Caribe, África y Asia. 

La comisión también subraya la necesidad de que la Curia Romana se convierta en un referente para compartir las buenas prácticas en materia de protección. Así, insiste en que la falta de transparencia fomenta la “desconfianza entre los fieles”, especialmente de las víctimas. 

Por ello, se ha trabajado en difundir de manera especial los enfoques de acompañamiento “sensible al trauma” en los distintos dicasterios. 

Propuestas para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe

En cuanto al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se subraya que la falta de información “y los largos procesos canónicos pueden causar re-traumatización en las víctimas”. Por ello, desde la comisión se anima al DDF a contar con recursos adecuados así como a capacitar en derecho canónico a los líderes eclesiales locales. Además, sugiere explorar una mayor transparencia en las actividades de la Sección Disciplinaria.

Los retos en México

En el caso de México, se subrayan las “barreras culturales y complejidades en la colaboración con las autoridades civiles”, lo cual obstaculiza la denuncia y dificulta el proceso de justicia. 

Estas dificultades, según el informe, están relacionadas con estigmas y variaciones legislativas y geográficas en los estados de México, lo que provoca que muchos fieles prefieran acudir a autoridades eclesiásticas en lugar de las civiles. A pesar del compromiso de fomentar la denuncia civil, persiste “el reto de establecer confianza con el sistema judicial”.

Además, manifiesta la preocupación por los retrasos en los procedimientos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, “que pueden causar un nuevo trauma a las víctimas y sus familias y generar dificultades para los obispos en su apoyo” a quienes han sufrido abusos. La comisión también señala la necesidad de “aumentar los recursos para formación en protección y servicios de acompañamiento”.

Aprendizaje y escucha a las víctimas

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También destacan en la misión que tiene la Iglesia para ayudar a combatir los abusos en la sociedad, dondequiera que se produzcan, de la mano especialmente de las organizaciones de Cáritas a través de la iniciativa Memorare.

Además, a partir del proceso de escucha, se ha elaborado un protocolo de correspondencia, establecido unos grupos consultivos de sobrevivientes para la integración de recomendaciones y contado con un grupo de víctimas que ha colaborado en este informe piloto. 

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