Hace un año, al final de la primera asamblea general del Sínodo de la Sinodalidad, se distribuyeron versiones electrónicas de un borrador del informe resumido confidencial entre los medios de comunicación y otros, como sucede inevitablemente, en los días previos a las últimas enmiendas de los delegados y a la votación final.
Este año, aparentemente para desalentar tales filtraciones, los organizadores del Sínodo sólo proporcionaron a los participantes copias impresas del borrador del informe, que no se difunden tan fácilmente.
La ironía es que puede que no haya mucho que compartir.
En las últimas semanas, tanto interna como externamente, la asamblea se ha visto sometida a una intensa presión para cambiar las estructuras de gobierno de la Iglesia e incluso algunas de sus doctrinas básicas.
La teóloga Myriam Wijlens, consultora del Sínodo, enfatizó en una conferencia de prensa el 23 de octubre que el Papa Francisco ha llamado a “reconfigurar la Iglesia de manera sinodal”. Hacerlo requeriría cambios en el derecho canónico para, por ejemplo, hacer obligatorios los consejos parroquiales o diocesanos.
Pero cambios más grandes, como abrir el diaconado a las mujeres o permitir excepciones al celibato sacerdotal, por citar dos temas que se promovieron públicamente este mes, parecen estar fuera de la mesa.