La Iglesia Católica en Honduras manifestó su preocupación tras la reciente decisión del gobierno de poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos, un acuerdo que permitía juzgar y condenar a criminales en territorio estadounidense.
En un comunicado emitido el 20 de septiembre, en medio del inicio del proceso electoral para definir al sucesor de la actual presidenta Xiomara Castro en 2025, los obispos del país compartieron sus esperanzas y sus intereses sociales “que merecen una respuesta transparente”.
En particular, los prelados expresaron su inquietud por la decisión de extinguir el tratado de extradición. El 28 de agosto, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras anunció que, por órdenes de la presidenta, se daba “por terminado el Tratado de Extradición” con Estados Unidos, el cual había estado vigente desde 1912.
Esta decisión se conoció después de que la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, criticara a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de la presidenta y exministro de Defensa, quien se reunió con Vladimir Padrino López, señalado por las autoridades de Estados Unidos de “distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.
Cabe destacar que Zelaya renunció tras la difusión de videos en los que se le veía en reuniones con líderes del crimen organizado.
Laura Dogu expresó que “fue bastante sorprendente para mí al ver al ministro de defensa y el jefe del estado mayor conjunto, sentados al lado de un narcotraficante”.