La Conferencia Episcopal de Chile se pronunció ante los graves hechos de corrupción que han tomado especial relevancia en el último tiempo en el país, con referentes del sector público y privado involucrados en delitos de lavado de activos, soborno a funcionarios públicos y fraude tributario.
Conocida como “Caso Audios” o “Caso Hermosilla” —por el apellido del que sería el principal involucrado, el abogado penalista Luis Hermosilla—, la investigación ha revelado un entramado de corrupción y tráfico de influencias que compromete a altas figuras políticas y del mundo empresarial chileno.
El escándalo se destapó cuando salieron a la luz audios en los que presuntamente el abogado Hermosilla estaría discutiendo un plan para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y manipular el sistema judicial.
El escándalo reveló una red de influencias que afectaría a varios sectores del poder económico y político del país, generando un gran revuelo. Entre los involucrados hay profesionales del derecho, empresarios y funcionarios públicos.
Lo sucedido ha generado un clima de desconfianza en la sociedad y una fuerte demanda de mecanismos que garanticen la transparencia.
En el marco de la investigación, en los últimos días, la Corte Suprema de Chile resolvió este lunes suspender temporalmente de sus funciones a la magistrada Ángela Vivanco.