La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, aprobó una reforma del Código Penal para castigar a quienes cometan delitos desde el extranjero, una medida para mantener a los nicaragüenses en la diáspora “calladitos, en silencio, sin opinar nada”, como señala el exministro de educación, en el exilio, Humberto Belli.
Según informa AP, el 3 de septiembre la asamblea aprobó, de forma casi unánime con 88 votos, la reforma que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado, incluso si están fuera del país.
Las penas pueden ir desde seis meses a 30 años de cárcel, e incluso la cadena perpetua si el delito es considerado grave.
Estas normas buscan castigar a quien, en Nicaragua o fuera del país, “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios.
Ese mismo martes 3, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre “el grave deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua, donde la dictadura continúa “persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.