La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, aprobó el 4 de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que ahora será revisada por el Senado, plantea varios cambios significativos en el sistema judicial mexicano, generando preocupación en diferentes sectores de la sociedad y de la Iglesia Católica.
Uno de los puntos de la reforma es la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano del Poder Judicial en México. La propuesta contempla reducir el número de ministros (magistrados) de 11 a 9, acortar su mandato de 15 a 12 años, y eliminar sus pensiones vitalicias. Además, su salario se ajustaría al tope máximo permitido para el presidente de la República, sin excepciones.
Otro de los cambios sugeridos es la propuesta de elegir por voto popular a los ministros de la SCJN, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito, una medida que entraría en vigor el próximo año de ser aprobada por el Senado.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, expresó su preocupación el pasado 8 de julio, señalando que de aprobarse los cambios “no llegará la persona más calificada al puesto (…) sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los puestos de poder”.
Otra de las propuestas es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el de “resguardar la identidad de las personas juzgadoras”, introduciendo lo que comúnmente se ha denominado “jueces sin rostro”, una figura destinada a proteger la identidad de magistrados que traten casos relacionados con delincuencia organizada.