A más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió su 5to mensaje al país, en relación a la crisis política y social desatada después de que el ente electoral venezolano, controlado por el chavismo, señalara como presidente electo a Nicolás Maduro.
El resultado de la elección fue además ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que eximió al ente electoral de su responsabilidad de publicar los resultados totales de los comicios —desglosados mesa electoral por mesa electoral— tal y como está previsto en las leyes y cómo han exigido diversos actores dentro y fuera del país.
“Este hecho es contrario a los valores democráticos garantizados por la Constitución. Desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia. La verdad, aunque quiera ser ocultada, o reducida a la opinión de unos pocos, resulta imponiéndose (cf. Mc 4,22)”, sentenciaron los obispos este 3 de septiembre.
De igual manera, el episcopado denunció la “campaña de represión y persecución” promovida por los organismos de seguridad del Estado, que ha dejado un saldo de miles de ciudadanos detenidos “entre los que se encuentran muchos menores de edad, a los que se les pretende imputar, sin cumplir el debido proceso, delitos muy graves”.
Continúan precisando que la persecución chavista ha sido especialmente severa con los testigos electorales de la oposición, los periodistas y Edmundo González Urrutia, a quien los obispos se refieren como “el candidato con mayor número de votos”. Esto, aseguran, contradice claramente “los principios de pluralidad política e independencia de los poderes públicos garantizados por la Constitución y las leyes de la República”.
Esta semana, la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura en contra de González Urrutia —como recoge la BBC—, quien se encuentra en la clandestinidad después del 28 de julio.