21 de noviembre de 2024 Donar
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Denuncian destierro de sacerdotes y religiosas extranjeros que trabajaban en Nicaragua

Foto referencial de sacerdotes./ Crédito: Martha Calderón / EWTN Vatican

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en Nicaragua ha desterrado de Nicaragua a un grupo de sacerdotes y religiosas extranjeros que trabajaban en el país centroamericano.

“Hubo dos reuniones. Parece que fueron citados de diferentes congregaciones o de distintas partes del país. Todos los sacerdotes y religiosos que asistieron eran extranjeros. Durante el tiempo que estuvieron en esa ‘encerrona’ se les mostró un video adoctrinador de la pareja dictactorial”, explicó Molina en entrevista con EWTN Noticias.

Martha Patricia Molina es la autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, que en su quinta entrega del pasado 15 de agosto da cuenta de 870 agresiones de la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia Católica.

Molina explicó también que a los religiosos los amenazaron con encarcelarlos o desterrarlos si decían o hacían alguna cosa que la dictadura pudiera considerar hostil.

“Tuve información de que algunos de los religiosos fueron desterrados del país y también se les prohibió hablar porque hay algunos religiosos, de esas mismas congregaciones, que quedan en el país y no tienen esta autorización: están bajo constante amenaza de la dictadura”, denunció.

La cancelación del fondo de jubilación de sacerdotes católicos

Molina también se refirió al reciente cierre de 1.500 organizaciones sin fines de lucro u ONGs, entre ellas cientos de organizaciones católicas y evangélicas, como el fondo de jubilación de sacerdotes que existía desde hace 24 años y que el año pasado ya había sido congelado por la dictadura.

“Esto es una grave afectación a los sacerdotes enfermos y retirados y también es un robo a nosotros los laicos y la Iglesia Católica, quienes habíamos aportado de manera constante a este fondo para posteriormente sostener la salud y también darles una ayuda –que bien se la merecen– a los sacerdotes jubilados”, explicó la investigadora en el exilio a EWTN Noticias.

“Como hace el sandinismo: todo lo roba, todo lo desaparece y lo usa para beneficio propio del partido, y también para seguir utilizándolo en la represión. Es algo que la Iglesia no va a recuperar”, precisó.

Además de los impuestos a los bienes y a las limosnas aprobados por el gobierno el 22 de agosto, y con la cancelación del fondo sacerdotal, “la dictadura lo que está haciendo es asfixiar, cada vez más, a la Iglesia Católica, ya que, con todos los ataques que ha cometido no ha podido desaparecer por completo la fe y la religión católica de Nicaragua, que es lo que ellos pretenden”, precisó Molina.

Colegios católicos afectados

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En esta ola de cierre de organizaciones sin fines de lucro también “fueron afectados un sinnúmero de colegios religiosos que pertenecen a distintas órdenes (…) Estos colegios, desde el año 2020, tienen sus cuentas de ahorro confiscadas, bloqueadas por la dictadura”, denunció Molina.

Como sucedió con la Universidad Centroamericana (UCA) de los Jesuitas, que fue confiscada en 2023 y hasta el día de hoy no ha vuelto a funcionar, la dictadura de Nicaragua no sabe “qué va a hacer con todos estos colegios, que están próximos a confiscar, porque no los van a poder administrar”.

“Por el momento —refiere Molina— tienen a las religiosas, los religiosos, al frente de los colegios, pero los tienen amenazados, diciéndole que todo el dinero que obtengan por el pago de las colegiaturas va a ir a las arcas del frente sandinista y también que van a tener vigilancia permanente respecto a la educación”.

“Hasta la fecha no les han quitado los colegios, pero sí está en la ley que todos esos bienes van a pasar al estado”, alertó.

La decisión de la cancelación de las 1.500 organizaciones se dio a conocer a través del acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado el 19 de agosto en el diario oficial La Gaceta, y firmado por la ministra del Ministerio del Interior de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch.

El texto señala que la Procuraduría General de la República deberá realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de todas estas organizaciones “a nombre del Estado de Nicaragua”.

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