Las exmonjas cismáticas del Monasterio de Belorado han sufrido un importante varapalo en su estrategia jurídica para reclamar como propio el patrimonio de la comunidad de la que fueron expulsadas al negarles su inscripción como asociación civil.
El Ministerio del Interior habría impedido su inclusión en el Registro Nacional de Asociaciones, según informa el Diario de Burgos, un movimiento iniciado el pasado mes de mayo que pretendía dotar de naturaleza jurídica al conjunto de exreligiosas que decidieron desvincularse de la Iglesia Católica.
La asociación civil que quiso registrar la exabadesa, Laura García de Viedma, pretendía hacerse heredera de la entidad de naturaleza religiosa canónica a la que pertenecían y, en consecuencia, disponer de los bienes incluidos los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
La Comisión Gestora creada para la resolución del caso, presidida por el Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, ha reiterado desde que se plantó el conflicto que no es posible la transformación en entidad civil de la comunidad religiosa sin someterse a las leyes canónicas.
El hecho de que no se reconocida la entidad jurídica civil a las mujeres que incurrieron en delito de cisma según las normas canónicas, les impide operar de forma colectiva con un Número de Identificación Fiscal (NIF) o un Código de Identificación Fiscal (CIF).
Esto supone que, por ejemplo, los fondos recaudados en la campaña realizada a través de PayPal a nombre de la “Asociación Monasterio Santa Clara Clara de Belorado” en realidad no han ido a una cuenta a nombre de tal agrupación inexistente, sino a una cuenta a nombre de la exabadesa.