“Primero fue una especie de shock: no nos dimos cuenta de lo odiados que éramos, y al entrar allí, de lo despreciados que estábamos”, dijo por teléfono Marie Leatherby a CNA —agencia de noticias en inglés de EWTN—, que ha dirigido un centro de embarazo provida en la capital de California (Estados Unidos) durante los últimos 13 años.
Leatherby, directora ejecutiva del Sacramento Life Center, se encontró en medio de una batalla legislativa y legal sobre los derechos de libertad de expresión de los centros de embarazo provida, durante el mandato de la vicepresidenta Kamala Harris como fiscal general de California.
Desde 2015 hasta mediados de 2018, Leatherby y otras personas que dirigían centros de ayuda para embarazadas lucharon contra una ley estatal que obligaba a esos establecimientos a exhibir avisos que incluyeran información sobre dónde podían las mujeres someterse a un aborto.
“Iba en contra de todo lo que somos, de nuestra razón de ser”, afirmó Leatherby. “Iba en contra de nuestra conciencia”.
La Ley Reproductive FACT, de la que Harris fue una “orgullosa” copatrocinadora y la principal ejecutora, obligaba a los centros de embarazo provida, autorizados por el estado, a mostrar avisos sobre los programas públicos de California, incluyendo “aborto para mujeres elegibles”.
Exigía además que proporcionaran un número de teléfono de la oficina local de servicios sociales del condado para que las mujeres pudieran determinar si cumplían los requisitos para acogerse a los programas gubernamentales, como el aborto subvencionado.