Un día después de cancelar la personalidad jurídica de 1.500 ONGs en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, eliminó la exención del impuesto a la renta para las iglesias. Se trata de una medida que la investigadora Martha Patricia Molina considera como un “zarpazo fiscal” que terminará por “ahogar financieramente a la Iglesia [Católica] para que caiga por su propio peso”.
Este jueves 22 de agosto, el diario oficial La Gaceta publicó la ley 1212, con la que se modifican otras tres leyes: la ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro, la ley de regulación de agentes extranjeros, y la ley 822 de concertación tributaria. El diario informa que esta decisión procede de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, por iniciativa de Ortega.
El artículo quinto de la ley 1212 ordena: “Deróguese el numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria” de 2012, así como sus reformas.
El numeral 3 del artículo 32 señalaba que estaban exentas del impuesto a la renta “Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinadas exclusivamente a fines religiosos”.
Un especialista citado, pero no identificado, por el diario La Prensa, explica que con esta decisión de la dictadura “todas las iglesias de cualquier denominación quedarán sujetas bajo el terrorismo fiscal que la dictadura ha sometido al sector privado y ahora a las instituciones religiosas”, y deberán pagar entre 10 y 30 % en impuesto a la renta.
Sobre esta decisión, Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? que da cuenta de 870 agresiones de la dictadura contra la Iglesia Católica, denunció que las autoridades ya han estado en parroquias pidiendo documentos sobre las cuentas.