La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha manifestado su rotundo rechazo a la Ley Nº 32107, promulgada recientemente por el Congreso, la cual impide el procesamiento y enjuiciamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
En un comunicado publicado el 13 de agosto, los obispos expresaron su “profundo desconcierto y decepción”, subrayando que con esta normativa “se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas”.
La CEP destacó que esta ley es “inaceptable”, ya que contraviene tratados internacionales ratificados por el Perú y debilita “los principios universales de justicia”. “El Perú no puede –ni debe– contradecir ni apartarse de tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, acotaron los obispos.
En el documento, se recuerda que esta legislación es un reflejo de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097, que fue declarado inconstitucional en 2011 por el Tribunal Constitucional. Los prelados señalaron que la nueva norma “refuerza la impunidad para quienes cometieron crímenes atroces” durante la época de terrorismo que sacudió al país entre las décadas de 1980 y 2000.
El comunicado advierte que esta ley vulnera la ley natural y atenta contra el valor de la vida, “que es de origen divino”. Citando las Sagradas Escrituras, los obispos recordaron que “la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo” (Génesis 4, 10), y reafirmaron que la justicia exige que todos los “crímenes graves sean castigados, independientemente de cualquier límite de tiempo”.
Esta respuesta del Episcopado se suma a las críticas emitidas por diversas organizaciones, como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Fiscales Supremos, que han expresado su preocupación por la vulneración de tratados internacionales y la autonomía judicial. El CAL advirtió que la ley contradice el Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y el Estatuto de Roma, mientras que la Fiscalía de la Nación ha señalado que esta normativa impide el ejercicio pleno de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos.