Red católica alerta: 57% de migrantes que cruza el Darién está expuesto a algún grupo armado

En el Darién, una de las regiones donde actúan grupos armados, se ha confirmado la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —llamadas también Clan del Golfo—, una organización involucrada en narcotráfico y “que controla el flujo de migrantes y solicitantes de asilo”, según el informe publicado en abril de 2024 por Human Rights Watch.

En ese sentido, la Red Clamor pidió a las autoridades garantizar la protección de los derechos internacionales humanitarios y de los refugiados, pues los migrantes están expuestos a “restricciones a la movilidad, control social, instrumentalización de la población, reclutamiento forzado, detenciones arbitrarias y amenazas”.

Una población de la cual el 80% migra por la falta de empleo en sus lugares de origen, bajos recursos, falta de alimentos “y la vulneración masiva de derechos humanos”, según cifras de Cáritas Colombia.

Los niños también son víctimas

De acuerdo a información de las Naciones Unidas, en los cuatro primeros meses del 2024 han cruzado el Darién más de 30.000 menores de edad, lo que “representa un aumento del 40% con respecto al mismo periodo en 2023 y, de mantenerse la tendencia, supondría que 160.000 niños y adolescentes realizarían la arriesgada travesía para fin de año”.

Esta situación fue puesta de relieve en el encuentro de Necoclí por la Congregación Salesiana, la cual indicó que en este municipio los niños y adolescentes migrantes suelen permanecer entre 3 a 6 meses sin “acceso a educación, salud, nutrición, recreación y tiempo libre”, además de sufrir abuso y discriminación.

Además, denunció que, de acuerdo a declaraciones de padres de familia, autoridades competentes han permitido la salida de menores “sin autorización de los dos progenitores, situación que pone en duda la implementación adecuada de los procesos y controles establecidos por Migración”.

Por ello, exhortó a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes —presente en la reunión—, a que interceda para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia y demás instituciones competentes “informen sobre los programas que ejecutan en el Golfo de Urabá para garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Que este encuentro no sea en vano

Elvy Monzant Arraga, secretario ejecutivo de la Red CLAMOR LAC, pidió que el encuentro “no sea un ejercicio vano de palabras sin compromiso, sino el espacio de donde brotarán los cimientos de programas y políticas públicas inclusivas en favor de la vida y la dignidad de las personas en movilidad humana”.

“En Necoclí, al igual que en otros muchos lugares del mundo, el migrante es convertido en una mercancía que con su hambre alimenta una economía perversa, ante la mirada cómplice de quienes pudiendo evitarlo se quedan sólo en promesas y discursos, o peor aún, se hacen los ciegos para recibir su parte del escandaloso lucro que genera el tráfico y la trata de seres humanos”, expresó.

Por ello, la Red ha presentado una serie de propuestas a las autoridades para que se provea a los migrantes una atención integral, sin embargo, advirtió que ello no será posible “si en las comunidades de acogida existen necesidades multidimensionales y problemáticas sociales”.

Uno de los pedidos es que en los diálogos con los grupos armados se incluya “el cese de acciones que atenten contra los derechos de los migrantes y de la población en general, en particular la trata y tráfico de personas en el marco de la violencia y el conflicto armado que acontece en la región”.

“Desde nuestros carismas —ha expresado la Red Clamor— hemos querido ser Iglesia que sale al encuentro como Madre de todas las personas, especialmente de quienes más sufren y no podemos guardar silencio ante el histórico olvido de nuestras comunidades originarias y de los sectores de la periferia a su derecho de ser parte de un país que pareciera ser para unos pocos”.