Después de 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el pasado 28 de julio, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó su tercer mensaje al país sobre la crisis política y social que se vive hoy producto de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo y los numerosos cuestionamientos —nacionales e internacionales— sobre la legitimidad del resultado.
“Reiteramos nuestro llamado a respetar la soberanía del pueblo expresada a través del voto el pasado 28 de julio. Desconocer la voluntad popular es ilegal y éticamente inaceptable”, expresaron los obispos.
Según Provea, una organización no gubernamental que opera en Venezuela, desde el 29 de julio, cuando estallaron protestas espontáneas en todo el país luego del resultado anunciado por el ente electoral, se han registrado 24 fallecimientos.
“En al menos nueve de los asesinatos de manifestantes registrados por Provea, las agrupaciones de civiles armadas pro-oficialistas o colectivos, están señaladas por testigos presenciales como posibles autores de los hechos”, indicó la organización defensora de Derechos Humanos.
Sobre esta realidad, el Episcopado venezolano exhortó a que la defensa de la dignidad humana “esté en el centro en el compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico”. Además, la Iglesia rechazó el uso de la violencia para suprimir las manifestaciones, por ser esta práctica contraria a los derechos más fundamentales.
La CEV rechazó categóricamente “el uso de la violencia en las manifestaciones públicas, la presencia y actuación junto a cuerpos policiales de civiles armados como mecanismo para disuadir la realización de la protesta pacífica ciudadana, las restricciones a la libertad de expresión y movilización, las detenciones o allanamientos arbitrarios, el encarcelamiento de personas, muchas de ellas menores de edad, sin el debido proceso, el uso de la descalificación, del amedrentamiento de la población y la delación como métodos para enfrentar las diferencias de opiniones políticas”.