La Iglesia Católica en Argentina sigue sumando voces al debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, es decir, la edad en la que una persona puede ir a prisión al cometer un delito, que actualmente es de 16 años, pero el Gobierno proyecta disminuirla a 13.
Luego de que se pronunciara al respecto el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba, quien consideró que la propuesta “no es el mejor camino” y llamó en cambio a enfrentar la problemática en “la línea de la educación”, hizo lo propio el Arzobispo de San Juan de Cuyo, Mons. Jorge Lozano, quien ubicó la delincuencia como una consecuencia de la pobreza, y consideró que medidas así son “una solución espasmódica” y es como “enjabonar el tobogán que lleva al infierno”.
Una de las posiciones más contundentes fue la expresada hace algunos días por el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Gustavo Carrara, quien, en un artículo publicado en Infobae, planteó: "¿El problema son los menores pobres en conflictos con la ley, o el problema profundo y de raíz es la decisión y voluntad de sostener a lo largo del tiempo una política pública de inclusión e integración social?".
"Es necesario un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza, con todas las garantías del proceso, sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, manteniéndola en 16 años", sintetizó el prelado, en consonancia con la legislación internacional en Derechos Humanos, particularmente los Derechos de los Niños.
Asimismo, expuso “caminos concretos” para lograrlo: La justicia restaurativa, la mediación, la remisión de casos, las medidas no privativas de libertad.