23 de noviembre de 2024 Donar
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Bajar la edad para ir a la cárcel es “enjabonar el tobogán que lleva al infierno”, advierte arzobispo

Imagen referencial/ Crédito: Hasan Almasi/Unsplash

El Arzobispo de San Juan de Cuyo (Argentina), Mons. Jorge Lozano, compartió la reflexión Ningún pibe nace chorro, a propósito del proyecto de bajar la edad a partir de la que una persona puede ser penada por un delito —actualmente es 16— a 13 años.

El prelado comenzó su columna, publicada en el diario La Nación, trazando un paralelismo entre la delincuencia y la pobreza: “Ningún pibe nace chorro [n.d.r. ladrón]… pero muchos vienen al mundo con el estigma de la pobreza. Los niños no nacen iguales. Ya no lo son en el vientre de la mamá”, señaló.

Al respecto, planteó: “¿Por qué los menores que cometen delitos están bajo la línea de la pobreza? ¿Por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de modo adecuado, practican deportes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares o vecinos en la cárcel”, indicó.

Al referirse puntualmente al proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno Nacional, que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años, calificó el movimiento como “una solución espasmódica”, es decir “un camino corto que resuelve el problema pero sin ir a la raíz”. 

“Es llamativo que se busque penar los delitos en los cuales los menores son parte activa, y poco se proponga en las violaciones a la ley en las que los menores son víctimas, como la trata de personas”, advirtió, señalando que “son cientos los secuestrados anualmente para la explotación laboral y sexual, o la venta de órganos”

Mons. Lozano consideró “urgente” la necesidad de “modificar el mecanismo perverso en el cual ‘el primer trabajo’ es delictivo”. 

En ese sentido, resaltó que “es inmoral que niños, niñas, adolescentes estén fuera del sistema educativo, fuera del sistema de salud, sin plazas para jugar, privados de playones deportivos, clubes, talleres de teatro o música, capacitaciones de oficios”.

“La mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lecto-comprensión adecuado para su edad; los alumnos de 6° grado no llegan al 70% en ese mismo ítem; sintetizando: 7 de cada 10 niños argentinos no comprenden los textos que leen; el 54% de quienes ingresan al secundario se gradúa; menos de 2 de cada 10 lo hacen en tiempo y forma. Estos números son indicadores de gravedad concreta”, expuso.

El prelado también expresó que “no todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes” y que los adultos responsables de corrupción y organización criminal “han estudiado en escuelas privadas —incluso católicas— y tal vez realizaron estudios universitarios”. 

Mons. Lozano se refirió luego al “narcoestado”, más presente en muchos barrios que el propio Estado argentino.

“Cuando se habla de integración socio-urbana de los barrios populares no se trata de cuestiones edilicias aisladas sino de propuestas que comprenden todos los espacios que componen un barrio”, explicó.  

“¿Dónde está el problema? ¿En el menor que delinque o en las ausencias permanentes de las Instituciones para llegar a tiempo? ¿El único camino ante esta situación es bajar la edad de imputabilidad y el encierro?”, cuestionó, recordando que “en contexto de cárcel no se logran avances significativos en los procesos de desarrollo personal”.

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“No se trata tampoco de proponer la impunidad y la anomia. La aplicación de los principios de la Justicia restaurativa es un camino más adecuado y con buenos niveles de resultados favorables. Es importante que quienes delinquen siendo menores de edad se hagan cargo de sus acciones”, aclaró.

Al mismo tiempo, consideró necesario “promover condiciones para prevenir el delito juvenil”, y señaló que esto “es responsabilidad de cada familia, de las diversas instituciones de la sociedad, y principalmente del Estado”.

En lugar de construir más cárceles para bajar la edad de ingreso de los menores, llamó a “invertir en espacios de prevención”, considerando importante “que los bienes confiscados al crimen organizado sean dedicados a promover espacios de crecimiento y desarrollo adecuado de niños, niñas y adolescentes”.

“¿No sería más beneficioso ser más estrictos con el crimen organizado por adultos, y que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en algunos barrios y captan menores para el delito? ¿Qué se propone para penar a los adultos que ponen un arma en manos de un menor?”, planteó.

“Hace falta dedicar más docentes, más personal de salud, más trabajadores sociales, en los barrios más vulnerables. Más redes de contención y desarrollo que aseguren estimular el ascenso social, y no enjabonar el tobogán que lleva al infierno”, concluyó.

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