En la Arquidiócesis de Guayaquil (Ecuador), la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) apoya un programa de pastoral penitenciaria impulsado por sacerdotes y misioneros laicos voluntarios. Una de estas seglares es Aleída Mejía, quien afirma que —a pesar de los muchos obstáculos— “sí vale la pena” atender a los criminales.
Las dificultades son muchas, desde el sólo hecho de entrar a la prisión y tratar cara a cara con los encarcelados, hasta lidiar con la actitud de los policías y guardias, para quienes la labor que desempeña Mejía junto a sus compañeros es nada más que una molestia.
“La sociedad piensa que lo que hacemos no tiene sentido ni vale la pena”, señala la misionera.
Tanto ella como sus compañeros están seguros de que el Señor les ha enviado a esos lugares “donde Su Palabra rara vez llega”, debido a la escasez de personas dispuestas a donar sus vidas para contribuir con la misión evangelizadora de la Iglesia.
Guayaquil fue una de las ciudades más afectadas por la ola de violencia e inseguridad que se desató en el país meridional en enero de este año. El presidente Daniel Noboa ha decretado dos estados de emergencia y el ejército ahora patrulla las calles e interviene las prisiones. Esto, comenta ACN, dificulta en gran medida el trabajo de los misioneros.
De hecho, la crisis social ecuatoriana inició en las cárceles cuando los reos se amotinaron provocando muerte, caos y destrucción. Según la fundación, sólo fue hasta abril cuando las autoridades lograron retomar el control de las prisiones.