El Vaticano nombra un Comisario Pontificio para la crisis de las clarisas de Belorado

En el comunicado se afirma que “las hermanas merecen el máximo respeto y consideración”, y que después de un “tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica”.

“La renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial. Ello conlleva el inicio del procedimiento canónico correspondiente. La consecuencia prevista por el Derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, concluiría con la declaración de excomunión latae sententiae, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada. Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo”, detalla el texto.

Desde el arzobispado se expresa además preocupación por las hermanas de la comunidad de mayor edad, sobre las que afirman: “tenemos constancia del cuidado esmerado que les ofrecen” en el ámbito físico. Sin embargo, expresan su preocupación en el ámbito espiritual: “Nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado, y será una cuestión prioritaria que habrá que abordar”.

Creación de una comisión gestora

Para afrontar el encargo de la Santa Sede, el Arzobispo de Burgos contará con una comisión gestora  de la que formará parte Mons. Iceta, asistido por la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y su secretaria federal. Ambas “velarán por el cuidado de la comunidad”. 

También forma parte de este equipo de trabajo el vicario judicial y el director de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis de Burgos, quienes se encargarán, de forma respectiva, de los asuntos canónicos y civiles que se susciten.

Además, contarán con la colaboración del delegado episcopal para la vida consagrada y de los capellanes del monasterio.

Según detalla el Arzobispado de Burgos, “se pedirá la colaboración de un despacho profesional para la administración de los Monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario. Asimismo, si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal”.

En el comunicado, se recuerda por otra parte que “los Monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas” y que “si se llegara a decretar la supresión de los Monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos”.