A inicios de marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó una profunda preocupación por la situación en Myanmar, describiendo la crisis como un "calvario interminable" que ha infligido niveles insoportables de sufrimiento y crueldad a su población.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, destacó en mayo que el régimen militar ha causado miles de muertes, incluyendo ataques aéreos en pueblos y ciudades, y ha detenido arbitrariamente a más de 20.000 opositores, entre ellos 3.909 mujeres.
Además, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió en abril el cese inmediato de la violencia, la liberación de los prisioneros detenidos arbitrariamente y la mejora del acceso humanitario.
Por último, la ONU también informó que la emergencia humanitaria empeorará este año, con 18.6 millones de personas que necesitarán asistencia en 2024, una cifra 19 veces mayor a la que se registró en febrero de 2021.
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El golpe de Estado en Myanmar: El ejército alude al "fraude" para retomar el control total
En los primeros meses de 2021, las fuerzas armadas del país asiático [conocidas como Tatmadaw] se levantaron alegando un fraude electoral en los comicios generales del 8 de noviembre de 2020, en las que el partido Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi —premio nobel de la paz en 1991—, obtuvo una victoria aplastante.
Sin embargo, estas afirmaciones de fraude no fueron respaldadas por observadores independientes y muchos las consideran una excusa del ejército para retomar el control del país.
A pesar de que Myanmar pasó a un gobierno civil en 2011, la constitución del país —promulgada por los militares en 2008— garantiza que el ejército conserve un control significativo sobre el gobierno, como el dominio de importantes ministerios y un cuarto de los escaños parlamentarios.
La victoria abrumadora de la NLD, en 2020, aumentó la preocupación del Tatmadaw sobre la pérdida de su influencia política y económica. La combinación de estas circunstancias, entre otros varios factores, llevó al ejército a derrocar al gobierno democráticamente electo, arrestar a Aung San Suu Kyi y otros líderes de la NLD, y declarar un estado de emergencia, prometiendo nuevas elecciones, que aún no se han materializado.
En consecuencia, el golpe de Estado desencadenó una resistencia generalizada, protestas masivas y una escalada de conflictos armados en todo el país, llevando a Myanmar a una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes.