Diócesis llama a no solicitar los servicios de sacerdote suspendido por desobediencia

“No obstante, de manera enfática, arbitraria e injustificada, el sacerdote se rehusó y manifestó su decisión de hacer caso omiso a tal determinación, así como a dejar sus labores y presencia en la parroquia y en el cementerio, constituyendo así una evidente desobediencia”, se indica en el comunicado.

La diócesis relata que aunque el 13 de diciembre del año pasado se le informó nuevamente de su traslado, el sacerdote “se negó a dialogar sobre la nueva destinación pastoral”.

“El 15 de diciembre de 2023 —indica—, con ánimo explícito de quedarse con la administración del cementerio y desconociendo tanto la institucionalidad como la administración existente, el Padre Álvarez creó un nuevo organismo de carácter civil para operar por su propia cuenta la gestión del cementerio y, en consecuencia, mantenerse en el ejercicio del ministerio en la capilla del mismo”.

Además, en enero de 2024 Álvarez Yacub también se negó a reconocer al P. Armando Echeona Melo como sucesor y nuevo director de la Fundación Juan Pablo II, encargada de la gestión del cementerio.

Ante ello, la Diócesis de Santa Marta precisa que “una cosa es la responsabilidad pastoral que depende de la comunión con la Iglesia y otra la responsabilidad civil que viene de la representación legal de la Fundación Juan Pablo II, concedida legalmente al nuevo director ejecutivo de la misma”.

Por tanto, la diócesis ha anunciado que presentará una querella contra Álvarez Yacub, la Sociedad Parque Cementerio San Miguel S.A.S. y personas indeterminadas para que se declare que “vienen perpetrando actos contrarios a la convivencia y perturbando la tenencia legítima que ejerce la Fundación Juan Pablo II” sobre el camposanto.

En ese sentido, explica, se espera que se ordene a los querellados desalojar y entregar “los bienes que conforman el Cementerio San Miguel”.

En su comunicado, la diócesis también llama a los fieles a abstenerse de “cualquier actividad irregular y no autorizada que pudiera realizar el Padre Álvarez en su nombre o en el de la Iglesia”, pues al estar suspendido tampoco puede celebrar Misa o administrar los sacramentos.

También pide que se abstengan “de adquirir servicios o hacer negociaciones con dicho sacerdote o cualquier otra persona que pretenda actuar en nombre del cementerio o de la Fundación Juan Pablo II, única autorizada para la administración a cuyo cargo se encuentra el Padre Armando Echeona”.