El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un plan de implementación de las recomendaciones planteadas en el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica sobre el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emitido un comunicado de rechazo en el que denuncia trato injusto y discriminación.
Antes de dar detalles del plan, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado, extrapolando datos de una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo, que en España habría unas 440.000 víctimas adultas de abusos sexuales lo que representaría un 1,13% de la población adulta en España.
“En torno a la mitad de esos abusos podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia Católica”, ha asegurado Bolaños.
“Señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”
Para los obispos, “no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas”, por lo que “la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, subrayan.
Además, consideran que “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.