El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado un paquete de medidas para frenar el aborto en el país.
El pasado martes 16 de abril, el Parlamento italiano dio luz verde a una serie de medidas provida aprobadas en la Cámara de diputados por 185 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.
Una de estas inciativas, que serán financiada por los fondos de recuperación de la Unión Europea, permite a los voluntarios de asociaciones provida el acceso a centros abortivos para garantizar asistencia a las madres que desean abortar a sus hijos no nacidos.
Asimismo, desde el partido de Meloni, Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia), se ha propuesto que la ley exija a las mujeres hacerse una ecografía y escuchar el latido del feto antes de abortar.
El aborto se legalizó en Italia en el año 1978, en virtud de la Ley 194, una ley que Meloni se ha comprometido a no cambiar, aunque afirma que sus medidas provida pretenden “garantizar a las mujeres la posibilidad de elegir una alternativa, ofreciendo un papel activo de las instituciones públicas con el fin de remover las causas económicas que pueden empujar a una mujer a abortar”.
Cabe destacar que en el artículo 2 de la Ley 194, se permite a las regiones del país, a través de los servicios de asesoramiento, “utilizar, sin nuevas o mayores cargas para la hacienda pública, también la participación de sujetos del tercer sector que tengan experiencia cualificada en el apoyo a la maternidad”.