El Papa respalda a comunidad campesina en disputa legal por terrenos en Perú: Defiendan la tierra, no se la dejen robar

Según el artículo que Ugaz publica en el diario ABC de España, el video fue grabado la tarde del 13 de abril en la Casa Santa Marta, la residencia del Papa, coincidiendo con el día en que la comunidad celebra 466 años de su fundación.

ACI Prensa consultó el 14 de abril a Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sobre las razones por las cuales el video no ha sido publicado por los medios de prensa vaticanos. También se le preguntó si el Vaticano tiene algo que comentar acerca de las palabras del Pontífice, sobre todo cuando aún no se conocen las conclusiones de la investigación que realizan Mons. Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu sobre el caso Sodalicio, y que incluiría la denuncia de la comunidad campesina contra Mons. Eguren y el SVC. Tanto el prelado, como miembros del SVC y representantes campesinos fueron recibidos por la misión vaticana durante su visita a Lima en julio de 2023. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no ha recibido respuesta de la Santa Sede.

ACI Prensa también se comunicó este domingo con Daniel Calderón, director de la Oficina de Comunicaciones del SVC, quien indicó que esta institución rechaza “la narrativa impuesta por algunos medios de prensa que han venido divulgando imprecisiones respecto a este tema”.

Disputa por tierras en el norte del Perú

La referida comunidad campesina de San Juan Bautista, en la ciudad de Catacaos, en la provincia norteña de Piura, está compuesta por unas 200 familias.

El 27 de julio de 2023, un grupo de esta comunidad acusó ante la comisión Scicluna-Bertomeu que una organización vinculada al SVC los ha estado hostigando judicialmente durante años y que esta se había apropiado ilegalmente de sus tierras, aproximadamente 2.000 hectáreas (más de 4.940 acres).  

Los campesinos aseguran que desde hace más de 10 años han sido objeto de intentos de desalojo, a pesar de que desconocen las transferencias de propiedad relacionadas con sus tierras.

Sin embargo, el SVC indicó a ACI Prensa que, “a nivel de la justicia civil, no existe denuncia o demanda que tenga por objeto discutir un tema de usurpación o de tráfico de tierras en Piura”.

En abril de 2019, el portal de periodismo de investigación Ojo Público informó que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), alertaba que varios campesinos de la comunidad de Catacaos habían sido denunciados por usurpación, fraude procesal, hurto, y otros delitos, por parte de dos empresas vinculadas al SVC: la Asociación Civil San Juan Bautista (asociación civil SJB) e Inversiones Santa Regina S.A.C.

“Las tierras de los comuneros colindaban con el proyecto inmobiliario Miraflores Country Club, que pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuando la comunidad se negó a venderles las tierras, iniciaron una serie de demandas judiciales del 2012 al 2018 por diversos delitos”, indicó en aquel entonces Carlos Rodríguez, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una ONG peruana de tendencia de izquierda.

De acuerdo a AP, las denuncias alcanzaron a cerca de 30 campesinos, pero fueron archivadas en 2022.

Ojo Público agregó que inclusive dos campesinos fueron asesinados en 2011 y 2017 respectivamente, en medio de la controversia por los terrenos.

En un comunicado emitido en diciembre de 2023, el Sodalicio informó que en 2012 la asociación civil SJB había adquirido unos terrenos en Castilla, Piura, pero que estos habían sido invadidos por un grupo de personas de dudosa reputación y que sus trabajadores “estuvieron bajo amenaza y chantaje”. Tras este episodio, el SVC inició procesos judiciales en su defensa.

En un comunicado enviado a ACI Prensa este 14 de abril, el Sodalicio afirmó haber entregado “información exhaustiva de todos estos asuntos” a los diferentes delegados de la Santa Sede desde el año 2017, incluyendo a la misión del Vaticano en el 2023.

“El Sodalicio, ni ningún sodálite, ni ninguna institución relacionada a su misión apostólica han incurrido en el delito de tráfico de tierras, como tampoco en ningún tipo de asociación ilícita con bandas delictivas. Menos aún se ha abusado o asesinado a campesinos de esa zona o de cualquier otra”, enfatizó la sociedad de vida apostólica.

El sitio web de la asociación civil SJB señala que fue constituida en 1991 con fines asistenciales, religiosos y de auxilio mutuo en las áreas de salud y educación, y que “desde sus inicios ha estado conformada por algunos miembros del Sodalicio de Vida Cristiana”. Cuenta con 10 cementerios distribuidos por todo el Perú.

El SVC asegura que los proyectos inmobiliarios o agrícolas “que instituciones relacionadas al Sodalicio han realizado en Piura y sus alrededores”, han sido con “el fin de generar recursos para la misión apostólica” y en cumplimiento de la ley nacional.

“La adquisición de terrenos siempre se ha hecho de manera legal, a través de contratos de compraventa que cumplieron con todas las formalidades, tal como consta en los Registros Públicos del Perú y es de libre consulta para cualquier ciudadano”, agregó el comunicado.

La comunidad campesina involucró a Mons. Eguren

A lo largo de esta extensa disputa legal, también fue involucrado Mons. José Antonio Eguren, quien desde 2006 era Arzobispo de Piura y Tumbes, hasta que el Papa Francisco aceptó su renuncia el 2 de abril, a los 67 años de edad. 

El prelado fue involucrado en el caso de tráfico de tierras a raíz de un reportaje del 2016 de la agencia de noticias Al Jazeera titulado Perú: The Sodalitium Scandal.

En su informe, Al Jazeera vinculó a la asociación civil SJB y al SVC con una organización criminal denominada La Gran Cruz del Norte. En el año 2018, el Poder Judicial condenó a los líderes de este último grupo por distintos delitos y, durante el juicio, los representantes de la asociación SJB fueron citados en calidad de testigos, no de acusados. 

Tiempo después, el periodista peruano Pedro Salinas buscó involucrar a Mons. Eguren con el caso de tráfico de tierras en un artículo titulado El Juan Barros peruano. Sin embargo, en abril de 2019, el prelado ganó el juicio por difamación agravada.

Sobre este caso, el SVC indicó que el entonces P. José Antonio Eguren presidió la asociación civil SJB hasta el 27 de abril de 2001, fecha en que renunció a la calidad de asociado de dicha institución, “es decir, más de 11 años antes de la adquisición de las tierras en Castilla y Cura Mori, en Piura”.

“Él no tuvo ninguna relación ni participación en la compra de tierras de San Juan Bautista en Piura y tampoco tiene ninguna denuncia policial, fiscal o judicial por usurpación o tráfico de tierras. Mons. Eguren fue nombrado Obispo Auxiliar de Lima en el 2002 y posteriormente en el 2006, Arzobispo de Piura”, agregó la institución.

Líder de la comunidad San Juan Bautista responde al Papa Francisco

En respuesta al mensaje de apoyo del Papa Francisco del sábado 13 de abril, Marcelino Ynga Ynga, dirigente de la comunidad campesina San Juan Bautista y uno de los principales denunciantes, agradeció al Pontífice y pidió que se esclarezca el caso de los terrenos en Catacaos, Piura.

“Santo Padre, quiero recalcar que la organización a la que pertenecía el señor Antonio Eguren nos ha vendido nuestras tierras de la comunidad, tierras que nosotros poseemos. Querido y estimadísimo Santo Padre, le informamos que la organización San Juan [Bautista] nos ha vendido nuestras tierras. Esperamos que pronto nos dé un resultado al respecto de este acto realizado por la organización”, indicó en un videomensaje difundido por Paola Ugaz.

Ynga Ynga, de acuerdo a fuentes policiales citadas en octubre de 2023 por el medio peruano Panamericana, pertenecería a la “Asociación de Ganaderos Cruz Blanca”, una organización acusada de invasión de terrenos y extorsión en Piura. De acuerdo al medio de comunicación, Ynga Ynga tiene siete denuncias penales, una de ellas por el delito de usurpación.

Sin embargo, la OMCT y la CNDDHH han denunciado con anterioridad que comuneros como Ynga Ynga y otros campesinos “han sufrido diversos ataques que permanecen en la impunidad, lo que demuestra el distinto tratamiento que el sistema de justicia peruano ofrece a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y el territorio en función de si son criminalizados o víctimas de ataques”.

El Caso Sodalicio

El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica laical fundada en Perú en 1971 por el también laico Luis Fernando Figari. Actualmente está presente en varios países.

Desde el año 2015, el SVC ha enfrentado acusaciones públicas de abusos sexuales y de poder, principalmente de Figari, luego de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz.

Durante estos años, el Vaticano ha nombrado un delegado, un comisario apostólico y un comisario adjunto, y tres delegados pontificios para investigar y renovar al Sodalicio.

El 10 de febrero de 2017 se anunció que la Santa Sede sancionó a Figari por su comportamiento autoritario y por acciones consideradas “contrarias al VI Mandamiento”. Entre las sanciones impuestas está la prohibición de regresar al Perú y mantener contacto con cualquier miembro de la sociedad de vida apostólica. 

En julio de 2023 llegó al Perú la misión vaticana conformada por Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu para investigar las denuncias contra el Sodalicio.

Y a mediados de marzo de 2024, el SVC confirmó a ACI Prensa que ha recibido del Vaticano cartas con indicaciones para abrir investigaciones a algunos de sus integrantes.

“La Misión Especial Scicluna-Bertomeu nos ha dado orientaciones específicas para abrir procesos de investigación a seis sodálites”, indicó Daniel Calderón, asistente general de comunicaciones del SVC. Añadió que “ninguno de ellos participa del Gobierno General del Sodalicio en la actualidad”.