La Justicia Federal en Argentina investiga a clínicas de la provincia de Córdoba ante la sospecha de captar a personas vulnerables para usarlas en maternidad subrogada, práctica también conocida como alquiler de vientres.
La investigación, que incluyó el allanamiento de dos clínicas de la ciudad capital, está bajo el mando del fiscal federal Enrique Senestrari, y se habría originado a partir de una denuncia anónima, hecha por una pareja que se había acercado al lugar buscando alternativas para concebir, indica el portal argentino La Voz.
Según dicho fiscal, los allanamientos se ordenaron a raíz de la sospecha de captación de mujeres en situación vulnerable para el alquiler de vientres, una práctica que está penalizada por la ley.
La maternidad subrogada con fines comerciales es ilegal en Argentina, pero existe un vacío legal que permite la “gestación solidaria”, es decir, de manera altruista, para ayudar a las personas que no pueden concebir.
Para que el bebé luego sea registrado como hijo de los “padres intencionales” y no de la mujer gestante, se debe acudir a la Justicia para solicitar una autorización.
En el caso de la investigación en curso, se presume la comisión de delitos graves vinculados a la trata de personas.