La Iglesia Católica, miembros de la sociedad civil y sectores empresariales se expresaron en contra de la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pretende eliminar organismos constitucionales autónomos.
Durante una conferencia de prensa el 18 de enero, el presidente López Obrador anunció su intención de presentar al congreso mexicano un paquete de iniciativas el próximo 5 de febrero, que incluiría la desaparición de estas instituciones.
Los organismos constitucionales autónomos son entidades públicas encargadas de funciones específicas establecidas en la Constitución. Su propósito es garantizar la imparcialidad y la independencia en el desempeño de funciones críticas para el correcto funcionamiento del Estado.
Estas instituciones poseen atribuciones propias en sectores cruciales para la ciudadanía, como el Banco de México (Banxico), que preserva el valor de la moneda nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza y regula las elecciones en México, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encargada de proteger los derechos humanos ante posibles abusos de funcionarios públicos o del Estado.
En una rueda de prensa posterior, López Obrador especificó que “son como 10” las instituciones que podrían verse afectadas si se aprueba su iniciativa.
El mandatario argumentó que algunos organismos fueron creados para “proteger a particulares y afectar el interés público”, llegando incluso a afirmar que servían para “legalizar la corrupción”.