Quién es la primera diputada española con síndrome de Down y por qué es noticia estos días

El pasado martes, los focos mediáticos nacionales y algunos internacionales se fijaron en Mar Galcerán al acompañar al presidente del PP durante la tramitación de la modificación del artículo 49 de la Constitución Española.

La cuenta oficial del dirigente liberal Núñez Feijóo publicó una foto junto a Galcerán en el que expresaba su apoyo a la modificación constitucional: “Celebramos la reforma del artículo 49 de la Constitución junto a Mar Galcerán, la primera diputada española con síndrome de Down”.

Ese mensaje del presidente de los populares ha sido contestado por algunos ciudadanos que han puesto en evidencia la postura de la formación centrista favorable al aborto, que afecta en un altísimo porcentaje a las personas con síndrome de Down. 

No en vano, las personas con síndrome de Down están en extinción en España, pues nacen menos de 150 al año, siendo la mayoría de los diagnosticados en fase prenatal abortados. 

“¿Le ha explicado ya a Mar por qué defiende usted que a personas como ella se las pueda asesinar en el seno materno durante más semanas que a personas como Cuca o usted?”, inquiría un ciudadano a través de X.

En una entrevista concedida el pasado mes de noviembre a Ecclesia, el portal de información de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Galcerán fue preguntada por su posición sobre el aborto, a lo que contestó: 

“Sé que el aborto es un tema peliagudo. Mi opinión es que se trata de un asesinato. No puedo compartir que alguien vaya contra su propio cuerpo cuando hay otra vida naciendo en él, venga como venga. Soy provida: tiene que haber más políticas que ayuden a mujeres embarazadas, para que crezca la natalidad”.

Controversia sobre la reforma constitucional

Esta reforma constitucional tampoco está exenta de controversia. Su intención primaria era modificar el lenguaje para eliminar el término “disminuidos” por “discapacitados”, en atención a una reivindicación de estas personas.

En su redacción original, el texto constitucional dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Sin embargo, la modificación que se hace efectiva este jueves implica, además de esta sustitución semántica, que se añada que “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”, lo que ha despertado recelos por parte de quienes entienden que no cabe la discriminación por sexos en la Carta Magna.