Julio de 2022
Al mes siguiente, el Defensor del Pueblo crea una Unidad de atención a las víctimas y también es presentada la Política Marco de Protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en la que se exige que los abusadores sexuales se reconozcan traidores a la Iglesia en España.
Septiembre de 2022
En septiembre, iniciado el nuevo curso, al concluir el mes de vacaciones por antonomasia en España, el Defensor del Pueblo anuncia que ha recibido 201 denuncias de presuntos casos de abuso.
Noviembre de 2022
En lo que resta de 2022, los obispos aprobaron durante su 120ª Asamblea Plenaria en noviembre un borrador del protocolo marco en caso de abusos y unas líneas guía para la actuación destinadas a todas las diócesis.
Diciembre de 2022
Ya en diciembre, el diario El País publicó su tercer dosier con 79 testimonios que señalaban a 70 sacerdotes, religiosos y seglares vinculados con la Iglesia. Medio centenar de estos nombres son citados por primera vez.
Febrero de 2023
En el mes de febrero, el Defensor del Pueblo pide por carta a las diócesis que entreguen toda la información disponible antes del 31 de marzo. Por otro lado, los obispos rechazan acusaciones del Fiscal General, Álvaro García, de “falta de colaboración”.
Marzo de 2023
En marzo, cumplido un año de su anuncio, se esperaba la presentación del informe encargado a Cremades & Calvo-Sotelo. Sin embargo, la entrega se postergó hasta el mes de junio, según explicaciones ofrecidas meses después por la CEE.
A finales de mes, el Cardenal Omella entrega al Defensor del Pueblo seis volúmenes con datos sobre casos de abusos. Se trata de la primera versión de lo que con posterioridad será presentado como el informe Para dar luz.
Abril de 2023
Dos semanas después, en abril, el presidente de la CEE lamentó que el foco contra los abusos sólo sea sobre la Iglesia Católica en su discurso inaugural de la 121ª Asamblea Plenaria, que aprobó la Instrucción sobre abusos sexuales que sería publicada en mayo.
Junio de 2023
El mes de junio trajo la publicación del cuarto y hasta ahora último informe de El País que en esta ocasión apunta a un total de 1.014 casos y 2.104 víctimas.
En total, el País ha entregado a los obispos españoles y el Vaticano “704 testimonios de personas que acusan a un total de 545 sacerdotes, religiosos y seglares de instituciones eclesiásticas y afectan a 717 víctimas”, según recoge el informe de la CEE Para dar Luz, cuya primera versión fue publicada el día 2. En él se recogían 927 denuncias de presuntos abusos sexuales contra menores de 18 años o personas vulnerables que se habrían dado desde mediados de los años 40 del siglo XX hasta 2022.
Septiembre de 2023
Por otro lado, y pese a lo previsto, no hay noticias públicas del informe de Cremades & Calvo-Sotelo en estas fechas. No sería hasta finales de septiembre de 2023, cuando representantes de la firma legal comparecieron ante la Comisión Permanente de la CEE.
El portavoz episcopal, Mons. Francisco César García Magán, afirmó que los abogados “prevén entregar el trabajo definitivo en dos semanas más o menos” y añadió: “A los Obispos no nos gusta el retraso y el despacho asegura que no se debe a nosotros, sino que hay una complejidad, una profundidad del trabajo”.
En otro orden de cosas, en esas fechas, además, se conoce que la Fiscalía estudia acusar a los obispos que hayan encubierto abusos.
Octubre de 2023
Entrado el mes de octubre, los obispos marcan un plazo de 10 días al despacho de abogados para que entreguen su informe, pero Cremades & Calvo-Sotelo se apuran en rechazarlo de plano.
Ya a finales, el día 27, el Defensor del Pueblo publica su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Una respuesta necesaria. Se trata de un texto de más de 770 páginas que contiene 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Ese mismo día, los obispos convocan una Asamblea Plenaria Extraordinaria para abordar la cuestión sobre los abusos, para tres días después.
Uno de los detonantes de esta reacción episcopal fue sin duda las extrapolaciones que algunos medios realizaron de los resultados de una encuesta (realizada a 8.000 personas) contenida en el documento, que señalaba que “el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas”.
Este porcentaje trasladado a la población total, supondría que en España habría más de 400.000 personas adultas que habrían sido víctimas de abuso en el ámbito religioso en sentido amplio, lo que implica que los victimarios serían también profesores o catequistas, entre otros, en parroquias, colegios o campamentos.
Por otro lado, el estudio aseguraba que “el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es inferior, un 0,6%, cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. Este porcentaje equivaldría a unas 200.000 personas adultas.
El Cardenal Omella fue contundente al día siguiente al rechazar a través de X (antes Twitter) esas extrapolaciones, postura que el lunes 30 fue refrendada al término de la reunión extraordinaria.
Noviembre de 2023
Estas críticas fueron subrayadas de nuevo 20 días más tarde, durante la apertura de la 123ª Asamblea Plenaria Ordinaria. Mientras estaban reunidos los obispos, el diario ABC desveló un falso caso que cuestiona la fiabilidad de los informes de El País y del Defensor del Pueblo, que lo incluyeron como comprobado.
Diciembre de 2023
El año 2023 ha concluido con el envío a los obispos, casi dos años después del encargo, del informe de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo que primero lo remitió en formato digital el 16 de diciembre. Cuatro días más tarde, el abogado Javier Cremades se reunió con el Cardenal Omella para hacer la entrega oficial en formato físico. Ese mismo día 20, los obispos publican el informe.
Por último, el día 21, jueves, la CEE publicó una actualización del informe Para dar luz incorporando datos del documento elaborado por Cremades & Calvo-Sotelo, que es criticado por ser “básicamente una recopilación de casos parecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores”.
Dona a ACI Prensa
Si decides ayudarnos, ten la certeza que te lo agradeceremos de corazón.
Donar