El Congreso de Aguascalientes (México) aprobó durante la madrugada del viernes 15 de diciembre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, algo que el Frente Nacional por la Familia calificó como un acto que legaliza “la industria y el negocio de la muerte”.
La resolución se llevó a cabo en una sesión privada, mediante una votación cuyos detalles aún no han sido públicamente revelados.
Alan David Capetillo Salas, especialista en Derecho Constitucional y vocero del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes, indicó a ACI Prensa que “los representantes públicos jamás deben esconderse y mucho menos para legislar. Hicieran lo que hicieran, su responsabilidad era dar la cara y hacerlo de frente a la sociedad”.
Esta decisión podría implicar la derogación de los artículos del Código Penal en los que se castiga el procedimiento del aborto, siguiendo la línea de una resolución emitida el pasado 30 de agosto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Código determina en su númeral 101 que el delito de “aborto doloso” es la “interrupción del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preñez, ya sea que lo realice la propia persona embarazada u otra persona con dicho consentimiento”.
El artículo 102 estipula la pena para quien ayude a realizar un “aborto doloso”, y en el 103 se marca como exclusión que no habría sanción en caso de que “la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio de un médico”.