Diócesis en Perú investiga a 2 sacerdotes acusados de tocamientos indebidos a menores

El P. Vázquez “no sólo admite los señalamientos, sino que, incluso, accedió voluntariamente a no seguir celebrando Misas como medida inicial mientras avanzan las pesquisas internas”, añadió al respecto Mons. Cornejo.

Las acciones de la Diócesis de Chiclayo

A través de un comunicado, el P. Fidel Purisaca, director de la oficina de medios de comunicación de la Diócesis de Chiclayo, aseguró de que todos los “que trabajan en los distintos entornos de la pastoral diocesana”, manifiestan una “sólida condena y repulsa de cualquier tipo de comportamiento que atente contra la integridad física y moral de los menores y de las personas vulnerables, fomentando la tolerancia cero con este tipo de actuaciones”.

En el comunicado, el sacerdote detalla la secuencia de eventos desde el momento en que se tuvo conocimiento de la primera denuncia.

El P. Purisca relata que a principios de abril de 2022, una joven se presentó denunciando acoso sexual por parte del P. Vásquez. Posteriormente, dos presuntas víctimas adicionales se acercaron con relatos similares. Todas ellas fueron escuchadas por el Administrador Apostólico de la Diócesis de Chiclayo.

“Recibidas las denuncias se llamó al sacerdote acusado y se le pidió que se retirara de la parroquia y dejar de ejercer el ministerio. Y se inició una investigación previa que luego se envió a la Santa Sede”, explica el P. Purisaca

La Diócesis de Chiclayo —continúa— cuenta con un “centro de escucha” y las tres mujeres pudieron conversar con profesionales. Al cabo de tres semanas, presentaron sus denuncias ante la Fiscalía.

“Posteriormente ese mismo año la decisión de la Fiscalía fue archivar el caso por prescripción y falta de pruebas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe al ver que las acusaciones presentadas contra el sacerdote acusado no han sido suficientemente probadas en consecuencia decidió archivar el caso pro nunc”, sostuvo el presbítero.

En las últimas semanas, ante la publicación de las denuncias en diferentes medios de comunicación, el Administrador Apostólico de Chiclayo “ha querido abrir de nuevo el caso para una mayor claridad de los hechos”, explica la declaración oficial.

En relación con las acciones adoptadas por la diócesis, el P. Purisaca detalla que se han implementado “medidas cautelares” que incluyen la residencia del padre acusado en su domicilio familiar, con la restricción de no ejercer el ministerio sacerdotal.

Adicionalmente, se designó a un sacerdote canonista de otra jurisdicción como investigador encargado de llevar el caso. Las víctimas fueron convocadas para el 11 de diciembre, aunque únicamente dos de ellas se presentaron.

“De conformidad con las indicaciones de la Santa Sede, la Diócesis de Chiclayo seguirá desarrollando las medidas oportunas de prevención y actuación en bien de la Iglesia, de la persona y de la comunidad; a fin de que la actividad pastoral no se vea afectada por comportamientos que la dañan gravemente”, concluye el comunicado oficial.