21 de noviembre de 2024 Donar
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Jesuitas condenan expropiación de sus bienes en Nicaragua y piden que “cese la represión”

Bandera de Nicaragua/ Crédito: Shutterstock

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús (Jesuitas) ha solicitado a la pareja presidencial en Nicaragua, conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que “cese la represión” en el país, después de haber sufrido el día de ayer la cancelación de su personería jurídica y el traspaso de todos sus bienes e inmuebles al Estado.

En un comunicado difundido el 23 de agosto, la Orden “condena esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua”, la misma que “considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como ‘crímenes de lesa humanidad’ por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas”.

Asimismo, exhorta a la pareja presidencial que “cese la represión” y “acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho”.

También pide que se “respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.

La respuesta de la Congregación se produce después de que el Ministerio de Gobernación nicaragüense, por medio del Acuerdo Ministerial N.105-2023 publicado el 23 agosto, cancelara su personería jurídica en Nicaragua y a la vez ordenara a la Procuraduría General traspasar al Estado sus bienes inmuebles y muebles.

“La decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley”, asegura la Orden en su comunicado.

Tal y como se ha observado en la mayoría de los más de 3.000 casos similares de revocación de estatus legal que han sido ejecutados por el gobierno desde 2018, “este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”, afirma la declaración.

Antes del último ataque, el gobierno ya había comenzado a confiscar los bienes de los religiosos. El 19 de agosto, de manera injustificada, se apropió de la residencia de los Jesuitas en Villa Carmen, que se encuentra junto a la Universidad Centroamericana (UCA), institución que también había sido objeto de confiscación cuatro días antes.

Según la Provincia Centroamericana, todas las acciones antes mencionadas están “encaminadas al pleno establecimiento de un régimen totalitario”.

Frente a ello, responsabiliza al presidente Ortega y a la vicepresidente Murillo de “por lo menos”, dar una apariencia justa o razonable a la cancelación de su personería jurídica y posterior confiscación, y de impedir “que existan condiciones de independencia y neutralidad del Poder Judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.

Al final de su declaración, la Provincia jesuita asegura que se “une a los miles de víctimas nicaragüenses que están esperando se les haga justicia y se repare el daño que el actual gobierno nicaragüense está causando”.

También agradece “las innumerables muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad que ha recibido ante estos crecientes atropellos”.

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