Caso Sodalicio: Enviados del Papa Francisco concluyen viaje de investigación en el Perú

Específicamente acusan a instituciones vinculadas al Sodalicio de apropiarse de unas 1.895 hectáreas de su comunidad.

Los enviados del Vaticano se reunieron también con varios miembros del Sodalicio, entre ellos el superior general del SCV, José David Correa, el P. Jaime Baertl y el Arzobispo de Piura, Mons. José Antonio Eguren.

En comunicación con ACI Prensa este 7 de agosto, José Antonio Dávila, asistente general de Temporalidades (economía) del SCV, rechazó las denuncias de tráfico de tierras: "nunca el Sodalicio, ni ninguna institución relacionada a su misión apostólica, han incurrido en el delito de tráfico de tierras, ni ningún tipo de asociación ilícita con bandas delictivas, y menos aún se ha abusado de campesinos de esa zona o de cualquier otra".

Explicó que "todos los proyectos inmobiliarios o agrícolas que alguna institución relacionada al Sodalicio haya realizado en Piura y sus alrededores, con el fin de generar recursos para la misión apostólica, se han realizado cumpliendo la ley. La adquisición de terrenos siempre se ha hecho de manera legal, a través de contratos de compra venta que cumplieron con todas las formalidades. Esto está absolutamente fundamentado en los Registros Públicos del Perú y es de libre consulta a cualquier ciudadano".

El informe de Al Jazeera y las denuncias de tráfico de tierras

Las denuncias de tráfico de tierras se hicieron públicas en 2016 en un reportaje del periodista peruano Daniel Yovera junto a la cadena Al Jazeera.

Tras la difusión del reportaje titulado "El escándalo del Sodalicio", Carlos Alberto Gómez de la Torre, entonces apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista, institución vinculada al SCV y acusada en el documental de usurpar terrenos de los campesinos, abrió demandas por difamación agravada contra Yovera y otras personas que participaron en el reportaje, entre ellas, Paola Ugaz, Samuel Alberca y Carmen Campodónico.

La acusación contra Yovera fue considerada prescrita por el Poder Judicial en junio de este año, pero la prescripción ha sido apelada por Gómez de la Torre. El año pasado, la demanda contra Ugaz fue considerada prescrita y archivada por la justicia peruana.

Samuel Alberca fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia. Su caso también prescribió. Campodónico sí fue condenada a un año de pena privativa de la libertad y al pago de mil soles (alrededor de 270 dólares estadounidenses) de reparación civil, y su sentencia quedó en firme. 

En declaraciones a ACI Prensa, Dávila también rechazó los señalamientos del documental de Yovera y aseguró que el reportaje contiene "una sucesión de falsedades, errores y omisiones".

Las versiones de quienes denuncian a las empresas relacionadas al Sodalicio, dijo Dávila, "no fueron contrastadas y corroboradas debidamente en una investigación que supuestamente busca tener rigor periodístico. Por si fuera poco, no incluyeron en el reportaje los documentos de descargo que le fueron entregados al periodista a cargo de la investigación, mucho antes de que se emitiera el reportaje".

El Sodalicio se manifiesta agradecido por la visita

Al finalizar la visita de Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu, el Sodalicio publicó un comunicado firmado por su superior general agradeciendo a los enviados del Papa "por su presencia y trabajo durante su visita al Perú."

Correa aseguró haber entregado a los enviados papales "información actualizada sobre el proceso de atención y reparación de las víctimas de abuso en el Sodalicio" y explicó que les solicitaron información adicional sobre algunos asuntos económicos, los cuales estamos comprometidos a proporcionar de manera clara y completa dentro del plazo establecido por los enviados del Santo Padre".

Según Correa, incluirán dictámenes internacionales de auditoría que dichas instituciones vienen atravesando desde hace varios años, además de informes que sustentan con claridad algunos temas de interés de los delegados". Además, indicó que "esta información ya se ha venido presentando al Cardenal Joseph W. Tobin, nuestro Delegado designado por la Santa Sede para los asuntos económicos".

Sobre el caso Sodalicio

Las acusaciones más graves contra el SCV están vinculadas a su fundador, Luis Fernando Figari, y Germán Doig, quien fuera su vicario general hasta su repentina muerte, en el año 2001. 

Un informe del Sodalicio publicado en 2017 reconoce los abusos sexuales y de poder de Figari, así como los de Doig y de los ex integrantes de la institución Virgilio Levaggi, Jeffrey Daniels y Daniel Murguía.

De acuerdo al Sodalicio, cuentan con un monto aprobado de 2.842.000 dólares para reparaciones económicas y distintos tipos de asistencias a víctimas.

¿Una nueva investigación fiscal?

Durante la visita de los enviados del Papa, el 1 de agosto el diario peruano La República informó que la fiscal Manuela Villar Ramírez, especializada en lavado de activos, abrió una investigación preliminar a Luis Baertl Jourde, primo del P. Jaime Baertl, y los sodálites Juan Len Álvarez y Carlos Neuenschwander Sahurie, quienes años atrás fueron asistentes generales de Temporalidades (economía) del SCV.

La República recoge una publicación del portal Convoca.pe de noviembre de 2021, sobre la filtración de los documentos conocidos como "Pandora Papers", y la supuesta creación de offshores vinculadas al Sodalicio en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá: Alma Minerals Limited y Providential Group Inc., respectivamente.

Estas organizaciones estarían a su vez relacionadas con las empresas peruanas Alma Minerals Perú SA e Inversiones San José SA. 

De acuerdo a La República, para la fiscal peruana a cargo del caso, Manuela Villar, este esquema corporativo podría haber sido usado para que el Sodalicio oculte ingresos presuntamente vinculados con actividades mineras.

El Sodalicio responde

En comunicación con ACI Prensa Dávila rechazó "cualquier acusación de que el Sodalicio, alguno de sus miembros, y las instituciones relacionadas con su vida y misión, hayan incurrido en algún tipo de delito de usurpación y tráfico de tierras, de lavado de activos, de defraudación tributaria, o de aprovechamiento ilegal del acuerdo Iglesia – Estado en el Perú".

"La información económica del Sodalicio y la de sus instituciones relacionadas pasan por auditorías financieras externas de manera anual desde hace más de una década -algunas incluso vienen siendo auditadas desde hace más de veinte años-, las mismas que actualmente son realizadas por instituciones internacionales de primer nivel", continuó Dávila.

Además, indicó que "toda la información histórica del Sodalicio y de las instituciones relacionadas, se ha entregado oportunamente al Cardenal Joseph W. Tobin, delegado ad nutum de la Santa Sede para los asuntos económicos desde el año 2016, con quien tenemos constantes reuniones de información y consulta".

"Así por ejemplo, se tiene actualmente en trámite una investigación preliminar que ha sido archivada por tres veces en la Fiscalía de Crimen Organizado. Se archivó también en el 2018 una investigación preliminar a 10 instituciones relacionadas en la Fiscalía Tributaria y este año se archivó también una carpeta en la Fiscalía de Lavado de Activos".

"La semana pasada tres instituciones relacionadas han sido notificadas de una nueva investigación preliminar en lavado de activos. Noticia que llegó posteriormente al anuncio de algunos artículos periodísticos", señaló.

La autoridad del Sodalicio aseguró que "estas instituciones enfrentarán esta investigación, confiando en la ley y en la justicia, y colaborando con el Ministerio Público en lo que solicite, tal y como se ha venido haciendo en los últimos siete años".

"Reiteramos nuestro absoluto rechazo de que el Sodalicio, alguno de sus miembros o instituciones relacionadas, hayan incurrido en la comisión de delito alguno", concluyó.

Reacciones a la visita

La visita de Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu dejó diversas reacciones entre quienes han denunciado el caso Sodalicio.

"No sé qué pasará, pero he salido más que satisfecho del encuentro con los enviados del papa Francisco", dijo Pedro Salinas a través de la red social X (antes conocida como Twitter).

Por su parte, Ugaz recordó que se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano en noviembre de 2022, y celebró que ocho meses después el Santo Padre "envió la misión que investigará al Sodalicio".

Una posición diferente manifestó Escardó, que compartió la carta que entregó a Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu durante su encuentro en la Nunciatura Apostólica: "No confío en ustedes dos. No confío en Jorge Mario Bergoglio, quien los envió (...). Los reto a demostrar que me equivoco con las acciones que tomarán al irse de mi país".

El Sodalicio también publicó una foto del encuentro de su superior general con los investigadores del Vaticano. En la publicación de redes sociales aseguraron que agradecen a los enviados del Papa "por este espacio de diálogo acerca de la realidad de nuestra comunidad sodálite".

"Agradecemos también al Papa Francisco por la preocupación por la Iglesia y por el Sodalicio", añadió la institución católica.

Una comisión investigadora del Congreso de la República abordó el caso Sodalicio. Su informe final se encuentra en el archivo del parlamento desde julio de 2019, a espera de que sea llevado a discusión por el Pleno.