En un nuevo ataque contra la Iglesia Católica, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua canceló la personalidad jurídica y confiscó los bienes de una congregación de religiosas, a cuyo convento ingresó la policía el fin de semana para expulsarlas.
El régimen, a través del Ministerio de Gobernación, tomó la medida este martes 4 de julio sobre la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, según informa el medio nicaragüense Artículo 66.
El argumento esgrimido para dicha decisión es que la congregación "incumplió con sus obligaciones" por no reportar sus últimos estados financieros y tener "vencida" la junta directiva desde febrero de 2021.
El ministerio indicó que corresponde ahora a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes de la congregación, incluido el convento, a nombre del Estado.
"Es una arbitrariedad la medida adoptada en contra de las religiosas y ahora le suman la confiscación de sus bienes inmuebles", lamentó Martha Patricia Molina, investigadora y autora del informe "Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?".
En declaraciones a ACI Prensa, Molina recordó que "la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación, pero ya se ha convertido en una práctica común en la dictadura, al igual que en la década de los 80".