José Alberto Villasana M.
El pasado 27 de junio (del año 2000) se decidió dar por concluidos los trabajos del Grupo Interinstitucional para el Caso Posadas, organismo jurídico compuesto por representantes de la Procuraduría General de la República, del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Iglesia Católica mexicana.
A fin de poder investigar conjuntamente y con especial metodología sobre el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el Grupo asumió, el 9 de julio de 1998, las funciones de Ministerio Público en averiguaciones previas, excediendo el concepto de coadyuvancia y sentando un valioso precedente internacional en orden a los procesos democráticos hoy en curso.
Aunque para el séptimo aniversario del homicidio se tenían ya preparadas resoluciones importantes, la cercanía del 2 de julio aconsejó que éstas no se dieran a conocer, para evitar que el proceso electoral se enrareciera políticamente.
Ya las cuatro conclusiones dadas a conocer el 24 de mayo de 1999 eran una prueba indiscutible de los adelantos logrados por ese organismo: 1- el Cardenal Posadas no murió como fruto de una "confusión" (tesis que la Procuraduría General de la República había sostenido durante cinco años, después de caerse la primera tesis del "fuego cruzado"); 2- fue acribillado en el acto de bajar de su automóvil, por lo que pudo ser fácilmente identificable; 3- había agentes judiciales presentes y 4- por fin se abría la posibilidad de que el asesinato haya sido fruto de un complot, aunque la PGR todavía quiso establecer una nueva hipótesis, la del asesinato "circunstancial".
Esta tercera hipótesis, que no era más que una variante de la tesis de la "confusión", implicaba muchas contradicciones. Se basaba en la presunción de que, al bajar de su coche, el Cardenal pudo haber realizado un movimiento semejante al de sacar un arma, lo cual habría provocado nerviosismo en los pistoleros, razón por la cual le dispararon.
Con un año más de investigaciones se pudieron resolver las incongruencias que surgían de esa última hipótesis. Bastaba yuxtaponerla a las declaraciones de los testigos para confirmar lo que siempre sostuvo la Comisión Especial de Seguimiento del Caso Posadas del Congreso del Estado de Jalisco: que el Cardenal fue asesinado de forma directa e intencional por un tercer grupo, mientras se hizo coincidir a dos bandas de narcotraficantes que nunca se enfrentaron entre sí.
Ya desde 1996 se dieron a conocer los testimonios de Alvaro Osorio y de Edgar Mariscal, sicarios ex militares que fueron presentados como homicidas confesos. Con todo y que algunas de sus declaraciones resultaban contradictorias, de cualquier forma revelaban que ambos supuestamente recibieron órdenes de matar al "Chapo" Guzmán, el cual llegaría vestido de negro en un Grand Marquis color blanco.
A partir de allí se abría la posibilidad de concluir que quienes mandaron asesinar al Cardenal Posadas no sólo sabían de sus movimientos, sino que fueron capaces de hacer coincidir a diversas bandas del narcotráfico para provocar un enfrentamiento y desviar por allí la indagatoria.
Ni Osorio, ni Mariscal, ni ninguno de los otros pistoleros mostraron en su actuación ningún tipo de turbación o estado mental alterado. Se desplazaron a partir de que vieron llegar el Grand Marquis blanco sabiendo que tenían que acercarse a él para cumplir su misión. Los pistoleros, lejos de sufrir cualquier nerviosismo, tenían seguridad en sus actos, frialdad, premeditación y un objetivo muy claro: ejecutar al Cardenal.
Declaraciones eminentes
Según publicaron diversos diarios el pasado mes de mayo, funcionarios de la Curia Vaticana y obispos mexicanos reunidos en Roma para celebrar la canonización de los 25 mártires mexicanos, dieron a conocer que la misma conclusión de la Comisión Especial la sostuvo el ex general Jesús Gutiérrez Rebollo al ser interrogado por el Grupo Interinstitucional.
No se puede negar, como diría alguien en Gobernación, que Gutiérrez Rebollo es un "resentido" del Sistema, sobre todo después de que lo han condenado a 71 años de prisión por su apoyo al Cártel de Juárez. Pero tampoco se puede desestimar el hecho de que, en aquel entonces, el general fue instruido por el Ejecutivo Federal, en su calidad de Jefe de la Quinta Región Militar, para llevar a cabo las primeras investigaciones del Caso Posadas. Gutiérrez Rebollo declara que fue en aquél entonces, no ahora, cuando llegó a la convicción del asesinato premeditado y directo.
Por otro lado, era inverosímil que los de la banda de los Arellano, que durante más de una semana buscaron infructuosamente al "Chapo" Guzmán para asesinarlo, si realmente se enteraron de que ese día iba al aeropuerto, hayan entrado a la terminal para abordar el avión sin hacer nada para matarlo. Como también resultaba insensato pensar en una "confusión" cuando "El Chapo" había llegado al aeropuerto bastante antes que el Cardenal, con tiempo de sobra hasta para tener una discusión por haber dejado la puerta de su coche abierta y luego sacar su maleta de la cajuela y luego cruzar tranquilamente el arroyo peatonal a la vista de todos.
Nerviosismo, o no nerviosismo, los ejecutores no tienen nada que ver con la actuación de las dos bandas, por lo que la tesis general nunca se sostuvo. Desde las primeras declaraciones, en 1993, se desprende que los integrantes de la banda de Joaquín Loera "El Chapo" Guzmán no accionaron u operaron arma alguna para defenderse o atacar, y de la banda de los Arellano los únicos elementos que intentan sostener que hubo un enfrentamiento son las declaraciones incoherentes, y aparentemente inducidas, de los dos sujetos que las fiscalías presentaron como homicidas confesos, deposiciones que son terminantemente desmentidas por todos los testimonios y pruebas periciales.
No. Quienes accionaron sus armas, seis largas R-15 y AK-47, y una corta calibre 39, lo hicieron para matar al Cardenal Posadas y a seis testigos, así como para dejar algunos rastros que aparentaran que hubo un enfrentamiento entre bandas.
Del "fuego cruzado" a la "confusión"
A los pocos minutos que asesinaron al Cardenal Posadas, el Procurador Jorge Carpizo quiso impresionar a la nación informando que el jerarca católico había muerto en medio de un "fuego cruzado" entre bandas de narcotraficantes.
La misma premura y seguridad con que se daban a conocer los resultados despertaban sospechas. Pero el mayor descrédito vino de las primeras pruebas balísticas y del dictamen del médico forense, doctor Mario Rivas Souza.
Efectivamente, era cierto que alguien hizo que se encontraran diversas bandas de narcotraficantes en el aeropuerto, pero los 57 tiros desde ambos lados del coche nunca cruzaron de un lado a otro, sino que fueron disparados directamente contra sus tripulantes.
Además, los disparos que recibieron, según el Servicio Médico, fueron hechos en forma directa, a muy corta distancia y en dirección de arriba abajo.
A medida que las investigaciones avanzaban era más y más evidente que el Cardenal había sido ejecutado en forma directa e intencional. Con todo, las fiscalías especiales seguían sosteniendo, como se demuestra en los informes de junio de 1993 y de agosto de 1995, que se había dado un tiroteo entre bandas. Primero se estableció la conclusión, y luego se ajustaron a ella las investigaciones.
Acorralada por las evidencias y por los cuestionamientos de la Comisión Especial de Seguimiento del Congreso del Estado de Jalisco, la PGR se vio obligada a cambiar de versión. La causa del asesinato del Cardenal, dijeron a partir de 1996, se debió no a un "fuego cruzado", sino a una "confusión".
Según esta nueva y gratuita explicación, los pistoleros de los Arellano confundieron al Cardenal Posadas con "El Chapo" Guzmán, a quien presuntamente iban a matar al aeropuerto. Ni siquiera se detuvieron a analizar que, por los elementos que obraban ya en los expedientes que ellos mismos habían enviado al Congreso de Jalisco, esta tesis era jurídicamente más difícil de sostener que la del "fuego cruzado".
Y es que de las mismas declaraciones de los pistoleros que fueron detenidos, así como del testimonio de los sobrecargos que los vieron abordar el avión, se deduce cuanto indicó la Comisión Especial en su informe de mayo de 1997, en el sentido de que los pistoleros de los Arellano simplemente no pudieron estar en el estacionamiento del aeropuerto en el momento que se inició el operativo para matar al Cardenal.
En efecto, el grupo de gatilleros contratados en el Barrio Logan de San Diego para dar muerte al "Chapo", personas que se trasladaron a la ciudad de Guadalajara y que buscaron sin éxito a su víctima, finalmente recibieron el dinero prometido, sus boletos de avión y la orden de salir de Guadalajara. En sus declaraciones precisan que ya habían devuelto las armas y que ni siquiera se enteraron de lo que pasaba afuera.
El tercer grupo
La misma hipótesis de la "confusión" llevaba a evidenciar no sólo que los pistoleros de los Arellano, como éstos explicaron al Papa Juan Pablo II en cinco cartas diversas, no pudieron haber matado al Cardenal, sino que más bien existía un tercer grupo actuando libremente en el escenario del crimen.
El primer grupo, contratado por "El Popeye" en los Estados Unidos, se iba de Guadalajara por no haber encontrado al "Chapo".
Los del segundo grupo, pistoleros del "Chapo", declararon que desde su llegada se replegaron al ver a agentes de la Policía Judicial Federal que no eran de su gente, pues a los judiciales que tenían comprados para su protección los conocían perfectamente.
Entonces, y aunque nunca lo hubiera constatado el Grupo Interinstitucional, de las mismas actas de los primeros años del proceso se evidenciaba que había un tercer grupo encargado específicamente de matar al Cardenal Posadas. Este es el grupo que la PGR nunca quiso investigar.
Por otro lado, ni la PGR ni la Procuraduría de Jalisco pensaron que era prácticamente imposible que pistoleros profesionales, entrenados a no fallar su objetivo, hayan confundido la corpulencia de un hombre alto, pesado, de sesenta años de edad, como era el Cardenal Posadas, con la de un narcotraficante joven, delgado y bajo de estatura, como es "El Chapo" Guzmán. Por todo ello, la PGR tuvo que cambiar, una vez más, su explicación del asesinato.
Los motivos
Según se filtró en junio de 1999, el testigo Marco Enrique Torres García, ex militar que supuestamente participó en los hechos, declaró que el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo fue producto de un plan orquestado por destacados políticos, entre los que se mencionan a altos funcionarios, quienes pretendían recuperar documentos que una mujer había entregado al Cardenal Posadas, los cuales demostraban la relación de ese grupo con diversos cárteles de la droga.
Esto coincide con la opinión de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, la cual sostiene que Rodolfo León Aragón, director de la Policía Judicial Federal, era el brazo operativo de Raúl Salinas de Gortari, de Justo Ceja, secretario particular del presidente de la República y de Mario Ruiz Massieu, sub Procurador de la PGR, en el trato con los capos de los diversos cárteles de la droga.
Dice Torres que las órdenes se dieron en tres tiempos. Primero, hablar con el Cardenal para persuadirlo de que devolviera la información, cosa que se rehusó hacer. Segundo, intentar robar los documentos de su casa, cosa que tampoco lograron. Torres narra cómo por la noche saltaron la barda de la residencia y rompieron una maceta al brincar dentro del jardín, cosa que efectivamente sucedió. La última instrucción, y antes de que el Cardenal pudiera entregar los documentos al Nuncio Prigione para hacérsela llegar al Papa, fue quitársela por la fuerza, lo cual requirió tener que asesinarlo primero. Torres dice que el general Jesús Gutiérrez Rebollo estuvo previamente al tanto del operativo del asesinato pues, según el, en éste habría participado su propio subalterno, el capitán Horacio Montenegro, hoy también sentenciado.
Aunque algunas autoridades resaltaron imprecisiones en las declaraciones de Torres, muchos datos sólidos llevan a considerar que su testimonio no puede ser tan fácilmente desestimado.
Es posible que el propósito de algún funcionario de la PGR haya sido el desacreditar en ese momento el trabajo del Grupo Interinstitucional, ridiculizando la actuación judicial con las ambigüedades. De esta forma, la responsabilidad de las personas mencionadas quedaría disipada, aún pudiendo ser las correctas. Una estrategia semejante usó el fiscal Pablo Chapa Bezanilla con el fraude de "La Paca", inventando que Raúl Salinas había enterrado en su finca a Muñoz Rocha después de haberlo matado a batazos.
La misma incredulidad se puede seguir ahora, en relación al desacreditado testigo de Chicago, a la hora que éste pretenda explicarnos que el asesinato del Cardenal Posadas fue un crimen de Estado.
¿Caso cerrado?
Al concluirse los trabajos del Grupo Interinstitucional los expedientes han pasado a tener un carácter público, por lo que se espera que el Procurador Jorge Madrazo cumplirá en breve su promesa, reiterada abiertamente en diversas ocasiones, de dar a conocer los 56 tomos del Caso.
Esos archivos constituirán una valiosa aportación para que la Fiscalía General de la Nación, que sustituirá a la PGR el próximo sexenio, pueda sentenciar a los autores materiales e intelectuales del monstruoso operativo de Guadalajara.
Si el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo resultara ser la manifestación del alto grado de corrupción gubernamental, a la que el Cardenal pretendió hacer frente, incluso intuyendo que ello implicaba un riesgo para su vida, habría que pensar qué daño tan grande vislumbraba para nuestro país. Y no sólo por lo que pudiera representar el fracaso en la lucha contra el narcotráfico, sino porque apunta hacia una guerra soterrada y violenta entre los diferentes cárteles, trasladada al interior del Estado.
Por su parte, en el futuro se tendrá que valorar si es posible agregar a Posadas Ocampo a la lista de los 25 mártires que el Papa Juan Pablo II canonizó el 21 de mayo pasado. Lo que sí es seguro es que el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo pasará a la historia como un héroe de la nación mexicana: pudo haber callado para no estorbar ni incomodar a nadie.
Artículo publicado en "Nuevo Criterio" - Julio del año 2000