Perú: Defensoría del Pueblo intenta que menores reciban anticonceptivos sin permiso de padres

Apoyando los reclamos de ONGs promotoras del aborto en el país, la Defensoría del Pueblo de Perú solicitó ayer "revisar el dictamen sobre el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes", en el que la Comisión de la Mujer del Congreso decidió rechazar la entrega de anticonceptivos sin consentimiento paterno a menores desde los 14 años.

El texto final del artículo 27 del Código del Niño y del Adolescente aprobado el 17 de junio, afirma que "es deber de los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, orientar la educación sexual integral de sus hijos o adolescentes bajo su cuidado".

En un comunicado emitido el 20 de junio, la adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Mayda Ramos, aseguró que la norma aprobada por la Comisión de la Mujer, reconociendo el deber de los padres y tutores, "restringe el acceso de los y las adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, colocándolos en una situación de vulnerabilidad".

En el pasado, Ramos, representando a la Defensoría del Pueblo, expresó su apoyo a la despenalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes y ha promovido ante el Congreso de Perú el aborto terapéutico.

La Defensoría del Pueblo indicó que "se ha solicitado al Congreso de la República evaluar el dictamen aprobado, a fin de modificar el citado artículo 27° y regresar a la redacción original", propuesta por las ONGs y congresistas abortistas, en la que se contemplaba la entrega de anticonceptivos a menores desde los 14 años, sin conocimiento de sus padres.

Para Mayda Ramos, la resolución de la Comisión de la Mujer "afecta el derecho a la salud de los y las adolescentes, por cuanto los priva de todo tipo de atención en los servicios de salud, exponiéndolos a embarazos indeseados y a contraer infecciones de transmisión sexual".

De acuerdo a Ramos "el derecho a la salud en el ámbito sexual y reproductivo constituye un derecho de carácter fundamental, reconocido a nivel internacional en instrumentos internacionales, en jurisprudencia constitucional de diversos países, así como en observaciones emitidas por diversos organismos de Naciones Unidas".

Ya en la sesión del 17 de junio, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, congresista Aurelia Tan de Inafuko, desmintió lo dicho por Mayda Ramos, al recordar que "el término 'salud sexual y reproductiva' no tiene referencia en nuestra legislación ni en convenios internacionales vinculantes".

En declaraciones a ACI Prensa el 20 de junio, el Director para la Oficina de América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, advirtió que "la Defensoría del Pueblo se está excediendo en sus funciones y debería respetar las decisiones del Congreso de la República".

"La Defensoría ya envió sus opiniones tanto a la Comisión de Justicia como a la Comisión de Mujer y ninguna de las dos ha acogido sus propuestas", recordó.

Polo señaló que "la misma señorita Mayda Ramos participó a nombre de la Defensoría en un debate junto a más de 30 otras instituciones de la sociedad civil y su opinión para distribuir anticonceptivos a menores desde los 14 años fue minoritaria".

"Insistir en que cambie un dictamen cuando ya se tomaron en cuenta sus puntos de vista es una falta de respeto a todos los que participaron en esas instancias democráticas", señaló.

El director del PRI indicó además que "los miembros de la Defensoría deberían tomar más en serio y más profesionalmente su rol de funcionarios públicos", pues "la señorita Ramos afirma que esta norma 'los priva de todo tipo de atención en los servicios de salud, exponiéndolos a embarazos indeseados y a contraer infecciones de transmisión sexual'".

"¿Quién puede creer que se ha privado a los adolescentes de todo tipo de atención en salud?", cuestionó.

"Precisamente en el debate en el congreso se documentó cómo la lógica de distribuir anticonceptivos para evitar embarazos adolescentes y enfermedades ha fracasado en todos los países que la han aplicado. Insistir tan terca y antidemocráticamente en la distribución de anticonceptivos ya crea suspicacias", advirtió.

Polo cuestionó que "si la Defensoría defiende potenciales compras por parte del Estado en contra de una opinión mayoritaria de ciudadanos… y ahora  ¿quién nos podrá defender de la Defensoría?".